El 1 de mayo se han cumplido dos décadas desde la gran ampliación de la Unión Europea, cuando se incorporaron al club comunitario diez nuevos Estados miembros. Significó una extensión territorial principalmente hacia el norte y el este de Europa, ocupando el espacio que después de la II Guerra Mundial se anexionó la Unión Soviética y que, tras la caída del Muro, pasaron a ser países independientes y, finalmente, acogidos por la UE. Es evidente que el bloque ha prosperado social y económicamente, reforzando el mercado interior, pero en el orden político ha generado no pocos problemas llegando alguno de sus gobiernos, como el de Hungría y Polonia, a poner en riesgo los principios y valores del proyecto europeo al vulnerar libertades y derechos fundamentales. Cuando celebramos su incorporación estamos inmersos de nuevo en el debate de una nueva ampliación, esta vez más al este aún y en los Balcanes Occidentales.
DE 15 A 25 MIEMBROS. La UE pasó de 15 a 25 después de que se unieran Chipre, República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Eslovaquia y Eslovenia. El bloque ahora incluye 27 países. Croacia es la incorporación más reciente, se unió en 2022. El Reino Unido decidió marcharse tras el Brexit de junio de 2016. Los diez Estados miembros representaron un aumento de población del 20%, y el territorio de la UE aumentó casi el mismo porcentaje. El PIB total creció alrededor de un 9%, mientras que el PIB per cápita disminuyó. En la UE, la "gran ampliación" nos ha dado más influencia global. Nuestro mercado interior es el mayor del mundo. Y nos hemos convertido en la segunda potencia comercial mundial de bienes, después de China y por delante de Estados Unidos. Esto nos ha dado mucho más peso y una posición más fuerte en foros internacionales como el G7 y el G20. También nos ha dado un mayor impacto en la promoción de nuestros valores democráticos y estándares ambientales.
POLONIA Y HUNGRÍA CUESTIONAN EL PROYECTO. Pero no todo han sido buenas noticias en torno a la “gran ampliación”. En 2017, la Comisión Europea inició un procedimiento en virtud del artículo 7 en respuesta a los riesgos para el Estado de derecho y los valores de la UE en Polonia. El Parlamento Europeo respaldó esta medida en una resolución de marzo de 2018 y de nuevo la Eurocámara inició el procedimiento del artículo 7 para Hungría en septiembre de 2018. Polonia ha estado sujeta al artículo 7 desde 2017 debido a las violaciones sistemáticas de los valores fundamentales y a la continua erosión de la independencia judicial. Hungría ha estado sometida a la primera fase del artículo 7 desde 2018, debido al retroceso democrático supervisado por el primer ministro Viktor Orbán, acusado de debilitar la independencia judicial, perpetuar el amiguismo, diluir el pluralismo de los medios de comunicación, abusar de los poderes de emergencia, aprobar leyes contra las personas LGBT y obstaculizar el derecho de asilo. Cierto es que Polonia después de las elecciones del pasado año y la entrada de un gobierno europeísta presidido por Donald Tusk, ha presentado un plan legislativo para restablecer la independencia judicial.
NUEVE ESTADOS EN LA LISTA DE ESPERA. Mientras tanto, otros países europeos están haciendo cola para unirse, y nueve compiten por ser países candidatos reconocidos: Serbia, Montenegro, Bosnia y Herzegovina, Macedonia del Norte, Albania, Turquía, Ucrania, Georgia y Moldavia. Si en dos décadas aun no hemos absorbido adecuadamente el “big bang” europeo, resulta difícil concebir una Unión Europea a 36 o 37 miembros, si incluimos a Kosovo, que podría ser el siguiente reconocido para negociar la adhesión. Geopolíticamente, con una guerra en Europa como consecuencia de la invasión por Putin de Ucrania, el miedo de los Estados fronterizos con Rusia y el temor a que vuelva a extenderse un nuevo telón de acero en el viejo continente, presiona para acelerar esta nueva gran ampliación. Sin embargo, es obvio que sin reformas en profundidad en gobernanza y en presupuesto, es imposible plantearse la entrada de nuevos miembros. Todos los países que están en la lista de espera tienen una renta per cápita que no llega al 50% de la Bulgaria, que es la inferior de la UE a 27. Por tanto, todos sus ciudadanos deberán beneficiarse fuertemente de las ayudas y fondos europeos, con lo que o incrementamos el presupuesto o recortamos de prioridades en gasto actual como la política agrícola, la lucha contra el cambio climático o la digitalización. Toca elegir entre cohesión o expansión.
