Este artículo es propiedad intelectual del MEP (Member of the European Parliament) Raúl de la Hoz Quintano, que ha dispuesto su autoría en cesión íntegra a ‘Aquí Europa’ y ‘The Diplomat’ in Spain. Sus responsabilidades en el Parlamento Europeo se extienden desde la membresía en la «Comisión de Industria, Investigación y Energía» y en la «Delegación en la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana» hasta la suplencia en comisiones como «Empleo y Asuntos Sociales» o «Medio Ambiente, Clima y Seguridad Alimentaria».
Raúl de la Hoz, eurodiputado del Partido Popular Europeo
El pasado 5 de marzo la Comisión europea presentó su Plan de Acción para la Automoción, que tiene como objetivo estimular la competitividad del sector de la automoción que se encuentra sumido en una grave crisis multifacética que ha impactado significativamente en las ventas de vehículos.
La industria del automóvil es una pieza clave en la economía europea, representa más del 7% de nuestro PIB y proporciona empleo, directo e indirecto, a casi catorce millones de personas. Asimismo, es uno de los principales motores de innovación, al concentrar cerca del 30% de toda la inversión privada en investigación y desarrollo.
Proteger este sector equivale a proteger el crecimiento económico, el empleo de calidad y el progreso tecnológico en Europa. Por eso, es una buena noticia que la Comisión Europea haya presentado un Plan de Acción para el Automóvil, que define líneas estratégicas para potenciar esta industria esencial. Sin duda, es un paso en la dirección adecuada.
Ahora bien, para que este impulso se traduzca en resultados concretos, es imprescindible evitar regulaciones que minen la competitividad del sector en nuestro continente. Todos estamos de acuerdo en afirmar que la transición ecológica del transporte es inaplazable, pero no puede lograrse a base de imponer metas inasumibles para fabricantes y proveedores.
Europa no puede seguir hiperregulando, mientras el mundo sigue avanzando: se necesita una visión más equilibrada y sensata.
Uno de los mayores obstáculos identificados es la escasa demanda de vehículos eléctricos por parte de los ciudadanos. Esto se debe, entre otros factores, a la falta de infraestructura de recarga y al elevado precio de estos coches. Esta situación dejaba a muchos fabricantes en una posición muy complicada, ante el riesgo de recibir multas millonarias por no cumplir unos objetivos que, en el contexto actual, resultaban poco realistas. Aplicar sanciones en estas condiciones no solo hubiera sido injusto, sino también contraproducente para la competitividad de una industria que ya se enfrenta a rivales como Estados Unidos (con generosos subsidios) o China, donde los planes estatales impulsan con fuerza su sector.
En este sentido, la reciente propuesta de la Comisión para modificar el Reglamento 2019/631 va en la buena dirección. Permitir a los fabricantes calcular el promedio de emisiones entre 2025 y 2027, en lugar de hacerlo año a año, representa un alivio razonable. No se trata de rebajar los objetivos, sino de ofrecer una vía más justa y viable para cumplirlos. Es un planteamiento pragmático.
Otro principio que debe quedar claro en el debate que estamos teniendo es la implementación de la neutralidad tecnológica. La Unión europea no puede permitirse apostar todo su futuro a una sola carta. Hay que fijar objetivos medioambientales ambiciosos, sí, pero permitiendo que diversas soluciones tecnológicas compitan entre sí: baterías eléctricas, hidrógeno, combustibles sintéticos, biocombustibles o híbridos enchufables.
Todas las tecnologías deben tener su oportunidad en la carrera hacia un transporte más limpio. Es una buena noticia ver que la Comisión ha asumido esta idea y ha adelantado a 2025 la revisión de la normativa de emisiones, abriéndose a tecnologías como los combustibles sintéticos incluso posiblemente más allá de 2035.
Este cambio de rumbo corrige errores del pasado, cuando se llegó a plantear la prohibición del motor de combustión sin considerar alternativas viables, en un contexto que cabe decir que era otro. Pero en el contexto geopolítico actual la innovación necesita margen para evolucionar y debemos dar absoluta prioridad a la competitividad de nuestras empresas.
Además, esta transformación debe ir acompañada de una red de recarga suficiente en nuestros países y de un acceso seguro a las materias primas clave. No podemos pedir al ciudadano que apueste por el coche eléctrico si no existe una infraestructura accesible, eficiente y bien distribuida, tanto en zonas urbanas como en zonas rurales, así como en los principales corredores de transporte. La inversión de 570 millones de euros anunciados por la Comisión Europea son un buen comienzo, pero será necesario que los Estados miembros y el sector privado se sumen con decisión a este esfuerzo.
Pero de forma seria, no como el plan Moves en nuestro país, que no solo ha fracasado en su intento de incentivar el vehículo eléctrico, sino que representa otra muestra del intervencionismo mal gestionado: subvenciones que llegan tarde, trabas para el ciudadano una política de movilidad que impone, en vez de ofrecer opciones.
La inversión en I+D y digitalización también será fundamental si queremos que Europa lidere la movilidad del futuro. Vehículos eléctricos, conectados, autónomos, y el uso de inteligencia artificial aplicada al transporte deben ser áreas prioritarias. En esta materia vamos muy por detrás en la carrera de Estados Unidos y China, por ello es el momento de ponerse las pilas y acelerar.
A todo esto, se suma la reciente imposición por parte del Presidente americano, Donald Trump de aranceles del 25 % a los vehículos importados, así como a ciertos componentes. Esta decisión del Presidente americano ha generado una gran preocupación en el sector. Se teme que debido a esta situación por un lado nos encontremos con un excedente de vehículos en el mercado europeo y que por otro el aumento de los precios de estos lleve a los consumidores a optar por mantener sus vehículos actuales más tiempo del debido. Penalizando a nuestros constructores, a nuestros objetivos climáticos y sobre todo a nuestros ciudadanos.
En resumen, el futuro de la automoción europea está en juego. Si queremos que la Unión vuelva a ser una potencia industrial y un referente mundial en innovación, hay que equilibrar la ambición climática con el sentido común económico.
El Plan de Acción para el Automóvil presentado por la Comisión, recoge muchas de las propuestas defendidas por el Partido Popular Europeo: neutralidad tecnológica, disminución y flexibilidad de la legislación, inversión en innovación e infraestructura. El reto ahora es transformar estas ideas en acciones reales.
Europa no puede permitirse perder el motor económico que supone su industria del automóvil. Con las políticas adecuadas, podremos liderar la movilidad del futuro, crear empleo de calidad, proteger el medio ambiente y asegurar el bienestar de los ciudadanos. Tenemos que recuperar nuestro liderazgo industrial y para ello nuestra apuesta tiene que ser contundente y firme.
