Un giro de 360 grados para la economía de la UE

La Comisión Europea propone un paquete de medidas extraordinarias para permitir un aumento masivo del gasto militar en los Estados miembros, en respuesta a las tensiones geopolíticas y las demandas de autonomía estratégica. La Comisión Europea ha anunciado un cambio sustancial en su política fiscal, abriendo la puerta a una flexibilización de las estrictas reglas presupuestarias de la Unión Europea (UE) para fomentar la inversión en defensa. En un contexto de creciente volatilidad geopolítica, Bruselas plantea excluir parte del gasto militar del cálculo del déficit público, una decisión que podría reconfigurar el equilibrio económico del bloque en los próximos años. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, presentó la propuesta bajo el marco del plan “Rearmar Europa”, un ambicioso proyecto que busca movilizar hasta 800.000 millones de euros en inversión militar durante la próxima década. Según explicó Von der Leyen, “Europa debe asumir la responsabilidad de su propia seguridad” y para ello es imprescindible “crear el espacio fiscal que permita a los Estados miembros reforzar sus capacidades” (fuente). Activación de la cláusula de escape: un instrumento ya conocido La propuesta central gira en torno a la activación de la denominada “cláusula de escape” del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, mecanismo utilizado anteriormente durante la pandemia de COVID-19. Esta cláusula permite suspender temporalmente las exigencias de déficit inferior al 3% del PIB y deuda pública menor al 60% del PIB. La novedad en esta ocasión es la selectividad: se plantea excluir únicamente las inversiones en defensa del cómputo de déficit, una maniobra que refleja tanto la gravedad del desafío geopolítico actual como la necesidad de evitar un relajamiento generalizado de la disciplina fiscal. Según estimaciones de la propia Comisión, si los Estados miembros aumentaran su gasto en defensa en un 1,5% del PIB, la UE podría movilizar alrededor de 650.000 millones de euros entre 2025 y 2029 (fuente). Consecuencias macroeconómicas La decisión de Bruselas tendrá efectos importantes en la estructura económica de la Unión. Por un lado, permitirá a los Estados miembros, especialmente a los de mayor carga fiscal, aumentar su gasto militar sin desencadenar procedimientos de déficit excesivo. Esto es particularmente relevante para países como España, Italia o Francia, que enfrentaban limitaciones presupuestarias estrictas. En términos de política monetaria, analistas como Guntram Wolff, director del German Council on Foreign Relations, advierten que este incremento del gasto podría añadir presiones inflacionarias en ciertos Estados miembros, especialmente si se produce en paralelo a políticas expansivas en otras áreas. “Si bien es justificable estratégicamente, el riesgo es que la relajación fiscal orientada al gasto militar termine afectando la estabilidad macroeconómica de la eurozona”, señaló Wolff en una conferencia reciente en Bruselas. A su vez, la necesidad de financiación adicional podría impulsar a los gobiernos a emitir más deuda, aunque Von der Leyen ha planteado que el Banco Europeo de Inversiones (BEI) juegue un papel más activo en la canalización de fondos hacia proyectos de defensa, suavizando la carga sobre las finanzas públicas nacionales. El plan “Rearmar Europa” y su arquitectura financiera El plan “Rearmar Europa” no se limita a permitir el gasto militar nacional. Incluye la creación de un nuevo fondo europeo de defensa, dotado con 150.000 millones de euros en préstamos concesionales para proyectos conjuntos entre Estados miembros. Esta fórmula busca evitar la fragmentación del gasto militar, una de las grandes debilidades históricas de la UE en materia de defensa. Además, se propone que los Fondos de Cohesión, tradicionalmente dedicados a reducir las disparidades regionales, puedan ser parcialmente utilizados para financiar infraestructuras críticas de defensa. Esta idea ha despertado críticas en algunos Estados miembros del este de Europa, que temen que sus programas de desarrollo regional se vean recortados. El presidente del Consejo Europeo, António Costa, defendió sin embargo la necesidad de “redefinir las prioridades”, afirmando que “la seguridad es un bien público europeo y debe ser financiada como tal”. Reacciones divergentes entre los Estados miembros La propuesta de flexibilización ha recibido apoyos entusiastas de países como Alemania y Polonia. El ministro de Finanzas alemán, Christian Lindner, afirmó que “una defensa sólida es ahora inseparable de la estabilidad económica”, al tiempo que pidió mecanismos claros para evitar abusos en el uso de la cláusula de escape. España, por su parte, ha manifestado su respaldo condicionado. El presidente Pedro Sánchez anunció recientemente un incremento del gasto militar de 10.471 millones de euros para alcanzar el objetivo del 2% del PIB, conforme a los compromisos de la OTAN, pero voces dentro de su gobierno, como la vicepresidenta Yolanda Díaz, expresaron su oposición a “sacrificar políticas sociales en favor del rearme” (fuente). Italia y Grecia han pedido, en cambio, que cualquier flexibilización venga acompañada de garantías para que no se repitan los desequilibrios que marcaron la crisis de deuda soberana de 2010. Riesgos de fragmentación fiscal Varios analistas han advertido del riesgo de que la flexibilidad selectiva abra una brecha entre los Estados con mayor capacidad de gasto y aquellos que, debido a su situación fiscal de partida, no puedan permitirse incrementos sustanciales en defensa. “Si no se establecen reglas claras y comunes, la iniciativa podría agravar las divergencias entre el norte y el sur de Europa, debilitando la cohesión de la eurozona”, advirtió Isabel Schnabel, miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo, en declaraciones recientes a Handelsblatt. El debate sobre el diseño de salvaguardas y mecanismos de supervisión será, previsiblemente, uno de los puntos más polémicos de la tramitación legislativa en los próximos meses. Perspectivas de futuro Bruselas espera que el paquete de flexibilización sea aprobado antes del verano de 2025, para permitir a los Estados miembros reflejar estos cambios en sus planes presupuestarios de 2026. La Comisión también ha indicado que revisará en 2027 el impacto económico de la medida, evaluando si el aumento del gasto militar ha generado efectos adversos sobre la deuda pública o la inflación. Mientras tanto, Von der Leyen insiste en que “no hay desarrollo económico sin seguridad” y que Europa “debe actuar con la rapidez y la ambición que la situación exige”. La flexibilidad fiscal para la defensa marca, sin duda, un cambio de paradigma en la UE, con implicaciones que trascienden el plano militar y afectan directamente al modelo económico europeo de las próximas décadas.

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