Para acelerar el despliegue de la infraestructura de red de gigabit en toda Europa, el Consejo ha adoptado su posición común (orientación general) sobre la propuesta de la Comisión de sustituir la Directiva sobre la reducción de los costes de la banda ancha de 2014 por el Reglamento de la Infraestructura de Gigabit.
El Reglamento de la Infraestructura de Gigabit es un acto legislativo esencial para alcanzar los objetivos y metas de Europa en materia de conectividad establecidos en la Brújula Digital de la UE para esta década, el denominado «Programa Estratégico de la Década Digital» adoptado por los colegisladores el año pasado, y para desplegar las redes de comunicaciones electrónicas de próxima generación en la UE.
"Con esta decisión, hemos dado un paso importante para acelerar el despliegue de la infraestructura de banda ancha de alta velocidad en toda la UE. Tras la adopción y la entrada en vigor de las nuevas normas, podremos responder eficazmente a la creciente necesidad de nuestras empresas y nuestra ciudadanía de acceder a redes con una capacidad mucho mayor que la actual", ha declarado María González Veracruz, secretaria de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales de España.
La propuesta de la Comisión tiene por objeto reducir los costes innecesariamente elevados del despliegue de la infraestructura de comunicaciones electrónicas, causados en parte por los procedimientos de concesión de permisos previos al despliegue o la mejora de las redes. Estos procedimientos siguen siendo complejos, a veces largos, y difieren de un Estado miembro a otro.
La propuesta también está encaminada a acelerar el despliegue de las redes, proporcionar seguridad jurídica y transparencia a todos los agentes económicos intervinientes y prever procesos de planificación y despliegue más eficientes para los operadores de redes públicas de comunicaciones electrónicas.
Esta propuesta de armonización mínima también aborda el despliegue de las infraestructuras físicas en el interior de los edificios y el acceso a estas. Se espera que facilite las aplicaciones transfronterizas y permita a las partes interesadas, por ejemplo, los operadores de comunicaciones electrónicas, los fabricantes de equipos o las empresas de ingeniería civil, lograr mejores economías de escala.
MODIFICACIONES DEL CONSEJO
La posición común del Consejo mantiene las líneas generales de la propuesta de la Comisión. No obstante, atendiendo a numerosas solicitudes de los Estados miembros, el Consejo ha modificado algunos aspectos de la propuesta:
- se ha suprimido el principio de «aprobación por silencio administrativo»;
- se ha incluido una excepción relativa al periodo transitorio para los municipios de menor tamaño;
- se han aclarado los factores que deben considerarse a la hora de calcular las condiciones de acceso equitativas;
- se ha aclarado también que pueden utilizarse otras tecnologías, además de la fibra, para alcanzar una muy alta capacidad;
- se ha incluido en el texto una serie de exclusiones para las infraestructuras nacionales críticas.
En líneas generales, el texto de la posición del Consejo garantiza que los Estados miembros gocen de una gran autonomía a la hora de adoptar normas más detalladas y puedan ir más lejos en relación con varios elementos importantes de este nuevo Reglamento que establece una armonización mínima de las medidas para reducir el coste de las redes de comunicaciones electrónicas de gigabit.
Tras la adopción hoy del mandato de negociación del Consejo (orientación general), la Presidencia española podrá entablar negociaciones con el Parlamento Europeo («diálogos tripartitos»). La intención de la Presidencia es avanzar todo lo posible en estas negociaciones de aquí a finales de año.
La Directiva sobre la reducción de los costes de la banda ancha (Directiva 2014/61/UE), actualmente en vigor, tenía por objeto facilitar el despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad reduciendo los costes de despliegue gracias a un conjunto de medidas armonizadas. Las metas digitales en las que se basó la Directiva sobre la reducción de los costes de la banda ancha se han alcanzado desde la adopción de la Directiva o han quedado obsoletas. Por ejemplo, la proporción de hogares europeos con acceso a un internet a una velocidad mínima de 30 Mbps ha aumentado del 58,1 % en 2013 al 90,1 % en 2021, pero esta velocidad ya no es suficiente de cara al futuro, dada la creciente necesidad de las empresas y la ciudadanía de acceder a redes con una capacidad mucho mayor.
No solo los avances que han tenido lugar desde 2014 en el ámbito de las tecnologías digitales han hecho necesaria la revisión de la Directiva sobre la reducción de los costes de la banda ancha: el bajo rendimiento de los fondos propios y los elevados costes de inversión que prevalecen en el sector de las telecomunicaciones han empezado a obstaculizar seriamente los avances para alcanzar las metas digitales para 2030 establecidas en el Programa Estratégico de la Década Digital. La Comisión estima que el déficit de inversión entre el nivel actual y el que sería necesario para alcanzar estas metas de conectividad se sitúa en torno a los 65 000 millones de euros anuales.
El 23 de febrero de 2023, la Comisión presentó una propuesta de Reglamento por el que se establecen medidas para reducir el coste del despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas de gigabit y se deroga la Directiva 2014/61/UE (Reglamento de la Infraestructura de Gigabit). El 3 de junio de 2023, el Consejo de Telecomunicaciones, reunido en Luxemburgo, tomó nota de un informe de situación sobre este expediente.
