Organizaciones de la sociedad civil argentina llevaron recientemente a Bruselas una alarmante advertencia sobre las políticas del presidente Javier Milei, enfocándose en las severas restricciones a los derechos humanos y las devastadoras consecuencias sociales de sus medidas. En un país donde más del 50% de la población vive por debajo de la línea de pobreza y casi el 20% está sumida en la indigencia, estas organizaciones denuncian que las políticas de Milei están profundizando la crisis, afectando gravemente la calidad de vida de millones de personas y exacerbando la desigualdad.
La directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Paula Litvachky, comparte con Aquí Europa su visión sobre la percepción de Europa acerca de las reformas económicas de Milei. Si bien Europa se muestra interesada en las oportunidades comerciales derivadas de estos cambios, Litvachky señala que existe una preocupante falta de atención a las repercusiones sociales y los derechos humanos que acompañan esas reformas, especialmente en un contexto de creciente desigualdad en Argentina.
Aquí Europa- ¿Cuáles considera que son las políticas más preocupantes de esta administración en términos de derechos humanos y la salud democrática del país?
Paula Litvachky– Creo que en Europa y en el norte se conoce más la situación de Argentina a partir de los debates sobre su economía y el programa económico que el gobierno de Milei está impulsando, mientras que son menos visibles las consecuencias sociales y de derechos humanos, así como algunas políticas restrictivas en cuanto a derechos, que está implementando esta administración.
Nuestro objetivo al presentar esta información fue mostrar los aspectos preocupantes que se observan en la situación social. Si bien los resultados del programa económico de Milei se centran en la estabilización del tipo de cambio y la reducción de la inflación —objetivos clave en su campaña electoral—, se están logrando mediante políticas de austeridad y ajustes muy severos. Esto ha causado una recesión económica intensa y ha agravado las consecuencias sociales de una crisis que, en realidad, lleva muchos años en Argentina. Hoy, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, más del 50 % de la población argentina vive por debajo de la línea de pobreza, y casi el 20 % está en la indigencia. Nuestro planteamiento es que estas políticas de ajuste fiscal drástico están teniendo un impacto significativo en el ejercicio de los derechos humanos en el país.
El enfoque del gobierno incluye una retórica propia de los movimientos de ultraderecha, caracterizada por un discurso confrontativo y hostil que señala a quienes piensan diferente como desestabilizadores o incluso como enemigos.
Existe un enfrentamiento directo con organismos de derechos humanos, feministas, ambientalistas y sindicatos. Observamos una clara reducción del espacio cívico, manifestada en una respuesta violenta y represiva a cualquier tipo de protesta, ya sea en las calles o en medios digitales, y en restricciones a la libertad de expresión. También hay conflictos con el periodismo crítico y un uso estratégico de redes sociales y medios digitales para construir una imagen de popularidad, utilizando un discurso discriminador y hostil, acompañado de lo que el propio gobierno ha llamado “milicias digitales” que atacan a quienes critican sus políticas.
«Un topo que vino a destruir el Estado desde adentro”
Paralelamente, se intensifica la confrontación con cualquier forma de organización o resistencia a estas políticas de ajuste o a la promoción de derechos. El gobierno plantea que los derechos humanos deberían entenderse como privilegios y que toda la vida debe estar supeditada a la lógica del mercado, promoviendo una mercantilización general de la vida. En palabras de Milei, quien se define como “anarcocapitalista”: “Soy un topo que vino a destruir el Estado desde adentro”. Esto implica su intención de reducir el Estado al mínimo y desmantelar regulaciones clave, como las del sistema de salud, que protegen ciertos derechos.
Aquí Europa- ¿De qué manera se están reflejando estos retrocesos en derechos, especialmente en el ámbito social, dentro de la sociedad argentina? ¿Cómo está respondiendo la ciudadanía ante esta situación?
Paula Litvachky– Por un lado, el presidente sigue manteniendo un alto nivel de apoyo social, aunque en los últimos meses se ha visto un impacto en su imagen y en la percepción pública de su gestión en ciertos temas. Por ejemplo, el recorte aplicado a las jubilaciones ha sido muy importante. Gran parte del ajuste fiscal y de la búsqueda de déficit cero ha consistido en reducir las transferencias del Estado a los sistemas previsionales, lo que incluye las jubilaciones. Esto ha tenido un fuerte impacto social, provocando una disminución de su imagen positiva y un aumento de su imagen negativa. Otro tema que ha generado resistencia y movilización ha sido el recorte significativo en las universidades públicas, y también han surgido algunas críticas, aunque con menor movilización, ante el deterioro de los sistemas de salud.
Cabe recordar que Argentina, a diferencia de otros países de América Latina, cuenta con un sistema de educación pública muy amplio y consolidado, así como un sistema de salud pública extendido, ambos con problemas de financiamiento y de precarización en la atención. Sin embargo, estos sistemas se han podido sostener, al menos en cuanto a su alcance. Actualmente, lo que está ocurriendo es que estas áreas están siendo desfinanciadas, lo que tendrá como consecuencia, al menos a mediano plazo, una reducción en la disponibilidad de esos servicios.
En otros temas, el presidente aún cuenta con un alto nivel de popularidad. Aquí surge un debate importante sobre por qué este tipo de gobierno ha ganado las elecciones y por qué recibe este respaldo popular, en lugar de opciones que proponen enfoques más ligados a los derechos sociales.
Son debates amplios, pero nos parece fundamental destacar, especialmente para la comunidad internacional, que las políticas económicas en Argentina están acompañadas de planteamientos que en ciertos puntos son antidemocráticos y severos, orientados a neutralizar toda crítica o disidencia.
También observamos una práctica del gobierno de decidir cuestiones por decreto, especialmente ante un Congreso que en algunos casos le ha planteado objeciones a sus políticas y, en otros, no.
Además, para nosotros es muy preocupante el tono de cierto negacionismo en relación con el proceso de memoria, verdad y justicia que ha tenido lugar en estos 40 años, desde la última dictadura militar en Argentina. En ese período, el país logró juzgar a los responsables del terrorismo de Estado entre 1976 y 1983. Ahora, este gobierno, particularmente el presidente y la vicepresidenta, están cuestionando ese proceso y la legitimidad del juicio a los responsables de aquellos crímenes masivos. Nos parece que no se trata de replantear esos juicios, sino de legitimar la violencia estatal actual y justificar un aumento en la respuesta violenta frente a aquellos que piensan diferente y son considerados enemigos.
También está bastante instalada la idea de que quienes protestan son enemigos. En la última manifestación, ocurrida el 12 de junio, hubo 33 detenidos, que fueron liberados posteriormente tras detenciones arbitrarias. La oficina del presidente declaró públicamente que se trataba de un intento de golpe de Estado y que los manifestantes detenidos eran terroristas. El uso de términos como “terrorista” y “terrorismo” nos preocupa mucho, porque suelen ser el preámbulo de una intensificación de la violencia estatal. Para nosotros, esta retórica es alarmante y merece una seria advertencia.
Relaciones UE-Argentina
Aquí Europa – En Bruselas, ustedes advirtieron que ni la sociedad europea ni la Unión Europea parecen percibir plenamente la amenaza que representa el gobierno de Milei para la democracia. ¿Realmente existe esa falta de conciencia?
Paula Litvachky– La percepción, sí, es que hay mucho interés respecto de los cambios económicos y de las oportunidades de negocios que estos pueden abrir en Argentina. Estos cambios se asocian con una apertura de la economía argentina y con el impulso de negocios relacionados con la explotación de recursos naturales en nuestro país.
En general, la agenda parece estar centrada en estos temas y no tanto, o no necesariamente, en las perspectivas sociales, en las consecuencias para los derechos humanos o en las implicaciones a mediano plazo de un plan económico de ajuste y austeridad que no incluye políticas de crecimiento ni de distribución para la mayoría de la sociedad.
También observamos poca atención a las consecuencias ambientales y de derechos humanos de la desregulación absoluta del comercio y de los intercambios vinculados a los recursos naturales.
La sensación para nosotros es que en Europa hay, al menos, una menor consideración hacia las consecuencias del avance de expresiones de ultraderecha o de derecha alternativa en nuestros países y más expectativas comerciales.
Aquí Europa– En línea con lo que comenta, vimos que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se reunió con Milei durante la semana de alto nivel de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Tras ese encuentro, ella destacó principalmente la oportunidad de fortalecer la asociación bilateral y concluir las negociaciones entre la Unión Europea y el Mercosur, sin hacer mención a las consecuencias sociales. ¿Cómo interpreta esta postura? ¿Cree que la Unión Europea debería actuar de otra manera?
Paula Litvachky- Sí, vimos eso, y es similar a cómo se están dando las discusiones con el Fondo Monetario Internacional, a partir de la necesidad del gobierno de entrar en diálogo con el Fondo para negociar el pago de una enorme deuda externa que tiene Argentina. Esta deuda ha sido muy debatida socialmente por el impacto que ha tenido en el país, ya que ese nivel de endeudamiento no ha derivado en mejoras para la sociedad, la infraestructura, etc.
Nuestro planteo, obviamente, en estos casos, es que desde el lado de la realpolitik entendemos que el acuerdo entre países suele centrarse en los intereses de intercambios comerciales y económicos. Sin embargo, creemos que es fundamental que en estas negociaciones se consideren variables que impactan esos acuerdos, como las consecuencias ambientales. Estamos viendo los efectos ambientales de estas políticas en todas partes, aunque en algunos sectores predomine el negacionismo en ese sentido.
Lo mismo ocurre con el impacto de las políticas de ajuste en los derechos humanos y sociales. Por ejemplo, para facilitar la apertura de negocios en el sector de los recursos naturales, el gobierno sancionó una ley conocida como la «Ley de Bases», que establece un régimen de incentivos para las grandes inversiones. Esto implica una desregulación muy fuerte que facilita la entrada de inversiones extranjeras para la explotación de recursos en Argentina.
Nuestro planteo, y el de muchas otras organizaciones, no es estar en contra de estas inversiones, sino cuestionar bajo qué reglas y límites se realizan, y cuáles serán los beneficios para la sociedad argentina. El régimen de incentivos se ha definido como un nuevo enclave neocolonialista, en el sentido de que permite que las empresas extranjeras vengan, extraigan y exploten los recursos naturales, y se lleven tanto los recursos como las ganancias fuera del país, sin que esto implique políticas de desarrollo para Argentina. Ahí es donde está el núcleo de la conversación, y eso es también lo que fuimos a plantear a las personas de la Unión Europea con quienes nos reunimos.
Aquí Europa- Tras este análisis, ¿cuáles son las perspectivas a largo plazo para la democracia en Argentina? ¿Cuáles son las principales preocupaciones de cara al futuro?
Paula Litvachky- Nuestra preocupación es que estas alertas y advertencias, programas que estamos observando, están desmantelando muchas de las estructuras de protección de derechos en Argentina, al mismo tiempo que se consolidan o podrían consolidarse regulaciones y políticas de endurecimiento frente a cualquier tipo de protesta, así como restricciones a la libertad de expresión. A medida que pase el tiempo, si se sostiene el índice de popularidad del gobierno o, incluso si no se sostiene, con la intención de este gobierno de continuar con estas políticas a cualquier costo, la situación en Argentina podría complicarse, con mayores violaciones de derechos, mayor conflictividad y mayor violencia. Esto es algo que también estamos señalando en las conversaciones que hemos tenido con quienes nos reunimos.
Políticas de ajuste, represión y creciente desigualdad
Es un tema a tener en cuenta en relación con el planteamiento del gobierno de éxito y normalización de la economía e institucionalidad en Argentina. En algunos temas, como las universidades, el trabajo o las jubilaciones, se está viendo cierta reactivación de la conflictividad, por lo que esa «normalización» que el gobierno plantea parece que, en el mediano o largo plazo, no será tan así. Por lo tanto, una deriva más autoritaria de este gobierno, frente a ese aumento de la conflictividad, es algo que nos preocupa mucho. Por eso estamos advirtiendo sobre esto con anticipación, porque da la sensación, o al menos lo que parece hoy, es que el gobierno está dispuesto a enfrentar esa conflictividad con violencia en defensa de su programa y planificación económica.
Por ejemplo, en los últimos días se anunció una unidad, un comando conjunto policial para defender los recursos estratégicos de Argentina, lo que no es otra cosa que comandos para defender empresas o lugares de explotación de recursos, en caso de que eso entre en conflicto con comunidades, sindicatos o quienes se opongan a sus programas. Aunque todavía no se ha materializado, la decisión del gobierno de fortalecer este tipo de estructuras más represivas está tomada.
Lo mismo sucede con una reforma que hicieron por decreto, bajo la urgencia del sistema de inteligencia nacional, que otorga a la Secretaría de Inteligencia mayores posibilidades de hacer vigilancia y de inteligencia masiva. Son cosas que no es que no ocurran en otros lugares del mundo, pero que todas juntas, en el contexto de este programa económico y de estas definiciones retóricas tan duras y autoritarias del presidente Milei, llaman la atención, ya que no se plantea cuál será, en última instancia, el impacto social a mediano y largo plazo de un programa económico de ajuste, libre mercado y desregulación. Si esto no se frena o no se trabaja de alguna manera con políticas redistributivas que fomenten el crecimiento de Argentina, en términos económicos, pero garantizando que esos beneficios sean mejor distribuidos y que no siga creciendo la desigualdad en el país.
