El exeurodiputado y líder del escándalo de corrupción que afecta al parlamento europeo, el Catargate, ha llegado a un acuerdo con la fiscalía belga para confesar los detalles de la trama. A cambio, se la garantizará una condena menor. El escándalo del Catargate da un giro importante. Una de las figuras clave del caso, Pier Antonio Panzeri, ha firmado un memorándum con el fiscal federal en virtud de los artículos 216/1 a 216/8 del Código de Procedimiento Penal por el que se compromete a colaborar con la policia belga. A cambio de una reducción de la pena, un sospechoso se compromete a hacer declaraciones sustanciales, reveladoras, veraces y completas sobre la implicación de terceros y, en su caso, de su propia implicación en delitos penales dentro del caso. Panzeri fue imputado el 10 de diciembre de 2022 por participar en una organización delictiva organización criminal en calidad de líder, blanqueo de capitales y corrupción activa y pasiva. De la organización también formaban parte su antiguo asistente, Francesco Giorgi, y la ya exvicepresidenta del Parlamento Europeo y pareja de Giorgi, Eva Kaili. Los dos se encuentran también en prisión desde el pasado 10 de diciembre. Con el memorando Panzeri se compromete a informar a los investigadores y a la Justicia en particular sobre : el modus operandi, los acuerdos financieros con otros países implicados, las estructuras financieras creadas, los actores de las estructuras y los beneficios ofrecidos, la implicación de personas conocidas y desconocidas en la investigación, incluyendo la identidad de las personas que admite haber sobornado, En virtud del memorando firmado hoy, se prevé una pena limitada para Panzeri. La pena incluye la prisión, una multa y la confiscación de todos los los bienes adquiridos, estimados actualmente en un millón de euros. Su abogado ha asegurado a AFP que "se pronunciará una condena de cinco años, pero con suspensión de la pena en la parte que exceda de un año. Cumplirá un año de detención, parte del cual estará bajo vigilancia electrónica". Es la segunda vez en la historia jurídica belga, desde la introducción de la llamada ley "pentiti" (arrepentimiento pentiti, en referencia a la ley italiana que permitía investigar a la Mafia), que estos procedimientos desembocan en la firma de un memorándum. En ambos casos el caso fue llevado por la Fiscalía Federal.
