Miguel ángel Gómez, presidente de FADEI: «Es fundamental separar todo lo relacionado con la vivienda de la política partidista»

El mercado inmobiliario en España atraviesa una situación de tensión debido a la insuficiencia de oferta frente a la creciente demanda, especialmente en las grandes ciudades. Esta problemática no es exclusiva de España, sino que se ha extendido a otros países de la Unión Europea, reflejando una crisis más amplia en el sector. Miguel Ángel Gómez, presidente de la Federación de Asociaciones de Empresas Inmobiliarias de España (FADEI), señala que la falta de oferta de vivienda, sumada a los largos tiempos de construcción y la ausencia de un plan de vivienda sostenible, ha complicado el acceso a la vivienda. Además, critica la falta de regulación profesional en el sector inmobiliario en España, un vacío que, a diferencia de otros países europeos, socava la confianza en las transacciones y la seguridad jurídica tanto de propietarios como de inquilinos. Aquí Europa- Europa atraviesa una situación de mercado muy tensionada, un problema que afecta especialmente a España. ¿Cómo diagnosticarías la situación actual de ese mercado tan tensionado? Miguel Ángel Gómez- La situación es muy complicada, sobre todo en las grandes ciudades, que es donde más gente quiere vivir, en barrios con una gran oferta de servicios. El problema principal radica en que, al haber tanta demanda en estas ciudades, la oferta de vivienda es insuficiente. No se puede construir con rapidez, y la construcción tarda mucho tiempo. Además, no ha existido un plan de gestión o de creación de vivienda nueva durante muchos años. Esto ha provocado que las consejerías de vivienda de las comunidades autónomas, e incluso el Ministerio de Vivienda, se encuentren con un problema enorme. La situación actual es que, cualquier vivienda que sale a la venta, se vende de inmediato. Aquí Europa- ¿Cómo evalúa la legislación que se ha ido implementando, como la Ley de Vivienda, las normativas en las comunidades autónomas, y las iniciativas de los propios ayuntamientos? Además, ¿qué impacto tiene lo que está haciendo la UE, especialmente en el contexto del proyecto de informe actual del Parlamento Europeo? Miguel Ángel Gómez- Lo evalúo con tristeza, porque lo que ha provocado es que los propietarios que tenían su vivienda en alquiler, por ejemplo, se encuentren con una gran inseguridad jurídica. Esto afecta especialmente al pequeño propietario que alquilaba para complementar su pensión, para pagar la residencia de ancianos de sus padres, o simplemente para financiar la educación de sus hijos. La inseguridad que ha generado esta legislación ha hecho que muchos inmuebles ya no se ofrezcan en alquiler. En su lugar, se buscan otras fórmulas, como alquileres de temporada, que proporcionan algo más de seguridad, pero no logran generar la confianza necesaria para alquilar a una familia de forma tradicional. Se ha producido una quiebra de confianza. El propietario ya no confía en el inquilino que podría entrar, temiendo que no cumpla con el contrato. Además, muchos arrendadores, cuando acuden a una agencia inmobiliaria, nos dicen: "¿Quién vais a meter en mi casa?" No lo hacen por gusto, lo hacen por necesidad, como para pagar los estudios de su hijo que está en Irlanda, o para poder cubrir gastos familiares. No se trata de una situación de lujo, sino de una verdadera necesidad económica. Nosotros, como inmobiliarios, recibimos constantemente esta preocupación. Nos piden que tengamos mucha prudencia en la selección de inquilinos, pero, al mismo tiempo, nos recuerdan que no es nuestra labor decidir por ellos. Nuestro trabajo es operar en un mercado libre. Lo que está pasando es que, para garantizar los pagos, se están utilizando seguros de impago, lo que encarece tanto el alquiler para el arrendador como para el arrendatario. Si el propietario tiene que pagar 800 euros al año por un seguro, evidentemente lo va a repercutir en la renta del alquiler, lo que termina incrementando el coste para el inquilino. En resumen, la inseguridad jurídica provocada por la Ley de Vivienda ha generado una falta de stock y ha reducido las garantías para aquellos que buscan alquilar sus propiedades. Aquí Europa- Estáis a pie de obra, con un contacto cercano con la gente. Me gusta mucho la frase que usas sobre ser un "ejército", porque realmente estáis en el terreno y tenéis acceso a una gran cantidad de datos y un conocimiento muy amplio. ¿Las administraciones cuentan con esa información y esos datos? Miguel Ángel Gómez- No, nosotros nos hemos ofrecido varias veces para proporcionarles información, pero parece que no confían en nosotros o simplemente no nos han pedido que lo hagamos. Estamos dispuestos a ofrecerles datos reales sobre la demanda que se está registrando en barrios específicos como Vallecas, Chamberí, Granollers o Valencia. Podemos ofrecer información detallada sobre las edades de las personas que buscan vivienda, por ejemplo, de 20 a 30 años, o de 30 a 45 años, entre otras. Nadie más tiene acceso a esos datos. Creo que en algún momento alguien se dará cuenta de lo importante que sería crear un registro obligatorio de agentes inmobiliarios. Este registro no solo beneficiaría a los consumidores, sino que también permitiría generar sinergias entre las consejerías y los ministerios. Con esta información, podríamos ayudar a las administraciones a tomar decisiones más informadas, como por ejemplo, en mi barrio de Vallecas, donde vemos una fuerte presencia de personas de nacionalidad ecuatoriana. Conocer estos patrones demográficos permitiría saber qué necesidades específicas hay, como la necesidad de crear infraestructuras o servicios relacionados con la comunidad ecuatoriana. Todo eso lo tenemos nosotros, a pie de obra, en el día a día. Podríamos incluso crear una macro base de datos para ayudar en los planes de desarrollo de las zonas. Por ejemplo, en el área de Vicálvaro, donde se encuentran zonas como El Cañaveral, Los Aijones o Berrocales, se podría analizar cómo ha vivido la gente allí durante los últimos 20 años. Toda esta información está disponible, pero no se está utilizando. Para mí, es un error no aprovecharla. Aquí Europa- Desde el punto de vista de la regulación de la profesión, en FADEI, tenéis una fuerte batalla por el reconocimiento profesional. Vosotros garantizáis confianza porque el ciudadano acude a vuestras oficinas sabiendo que van a recibir un servicio profesional, pero esa garantía no está regulada. ¿Cuáles son vuestras principales reivindicaciones? Miguel Ángel Gómez- Lo que no tiene sentido es que, en el momento más estresante de la vida de una familia, no puedan confiar plenamente en alguien que les brinde garantías. Si un ciudadano paga una reserva de 6.000 euros para comprar una vivienda, debería haber una regulación que asegure que, en caso de cualquier problema, esa cantidad se recupere o haya una sanción por no cumplir el acuerdo. Actualmente, eso no existe. En Europa, más del 90% de los países tienen regulada la profesión inmobiliaria, pero en España no. Los ciudadanos españoles y aquellos que compran en España se convierten en ciudadanos de segunda en Europa en relación con este tema. Este es un tema muy delicado. Yo quiero invertir en España, pero ¿quién me va a ayudar con la intervención de un agente inmobiliario? Debemos recordar que entre el 75% y el 80% de las transmisiones de propiedad que se realizan en un año involucran a un agente inmobiliario. El sector inmobiliario genera millones para el Producto Interior Bruto, tanto a nivel nacional como a nivel de las comunidades autónomas. Sin embargo, dejamos que cualquiera pueda gestionar todo eso sin regulación. Si para poner una caña en un bar se necesita un carné de manipulador de alimentos, que es una formación mínima, ¿por qué no se exige algo similar para aquellos que gestionamos el patrimonio de las familias? Nosotros ayudamos a las personas a buscar, comprar y alquilar viviendas, a gestionar propiedades que valen cientos de miles de euros, e incluso a vender propiedades de gran valor. Sin embargo, no estamos regulados, y para mí eso es un error. El papel de la UE Aquí Europa- ¿Estáis trabajando ya con las instituciones de la Unión Europea en la regulación que está por venir? ¿Qué esperáis del "paraguas" general que podría aportar la UE para solucionar este problema de vivienda que estamos intentando resolver entre todos? Miguel Ángel Gómez- Creo que la implicación de la Unión Europea nos va a venir fenomenal, porque podrán ver de primera mano cuál es la situación real de España y conocer los problemas específicos que enfrentamos. No es lo mismo los problemas de vivienda que pueden existir en los países nórdicos que en los del sur de Europa. Nosotros les vamos a dar una perspectiva completamente diferente a la que ellos tienen en sus países. Ellos se van a dar cuenta de que efectivamente tenemos problemas serios en España. ¿Qué esperamos de todo esto? Esperamos que se desarrollen planes de vivienda que sean reales, que realmente se ejecuten. No basta con decir "vamos a hacer esto", necesitamos planes concretos, tangibles, que se lleven a cabo. Además, es fundamental individualizar o separar todo lo relacionado con la vivienda de la política partidista. Es decir, no importa qué gobierno esté en el poder: ya sea de izquierda, derecha, centro o nacionalista, lo que realmente importa es que haya un enfoque europeo y un impacto global que reconozca a la vivienda como una necesidad básica. Necesitamos un plan continuo, sostenido a lo largo del tiempo. Esto requiere plazos muy largos, porque los cambios en el sector de la vivienda no son inmediatos. Lo que hay que lograr es seguridad para los propietarios y para los inquilinos, además de planes de ayuda e incentivos fiscales. Todo esto debe quedar claro y establecido para que, dentro de 20 años, las futuras generaciones encuentren una Europa donde la accesibilidad a la vivienda ya no sea un problema.

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