Durante 2022, el Congreso de los Diputados y el Senado han aprobado un total de 73 leyes. De ellas, 42 normativas regulan aspectos que respetan la línea marcada por las instituciones de la Unión Europea. Es decir, el 57% de las leyes aprobadas (entre ellas Leyes Orgánicas, Leyes ordinarias y Reales Decretos - Leyes) derivan de una forma u otra de las decisiones adoptadas por el Parlamento Europeo. De esas 42 normativas con origen europeo, 21 responden al mandato de aplicación de reglamentos comunitarios o a la transposición al ordenamiento jurídico interno de España de directivas aprobadas por el Parlamento Europeo y el Consejo, algunas de ellas tan significativas como la Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual, aprobada en 2018 para adaptarse a la nueva realidad del mercado audiovisual; la Directiva que establece un espacio ferroviario único para la UE; el Reglamento que regula la nueva Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust); o el Reglamento que recoge las normas que deberán aplicar los Estados miembros a la hora de diseñar sus planes estratégicos para adaptarse a la nueva Política Agrícola Común (PAC). A lo largo del año, las Cortes Generales han aprobado también, en respuesta a las decisiones adoptadas por la UE, varios paquetes de medidas dirigidas a paliar las graves consecuencias a nivel social, económico y energético de la Guerra en Ucrania y que han sido incluidas en diversas leyes y Reales Decreto-ley. El resto de normativas aprobadas (21 normas restantes) derivan de recomendaciones, orientaciones, programas o iniciativas emanadas del Consejo, Comisión o Parlamento Europeo o de otras instituciones comunitarias. Es decir, respetan la línea de actuación marcada desde las instituciones de la UE. Estas iniciativas legislativas regulan materias relacionadas con la protección de los consumidores vulnerables, la sequía en el sector agrario, la seguridad de las comunicaciones 5G, la formación profesional, el mercado de la electricidad, la rehabilitación edificatoria, la temporalidad en los Servicios de Salud, el ahorro y la eficiencia energética, la reducción transitoria del IVA de los combustibles y la protección de los consumidores de energía y gas. En los cuatro años precedentes, el porcentaje de leyes españolas derivadas de directivas y decisiones europeas ha oscilado entre el 42% de 2019 y el 56% de 2022, el año con mayor registro de leyes con origen europeo desde que se iniciara este estudio. En 2019, un total de 11 normativas de las 26 iniciativas legislativas aprobadas derivaron directamente de directivas y recomendaciones europeas. El porcentaje alcanzó el 42,31% de leyes con origen europeo, relacionadas con los secretos empresariales, la propiedad intelectual, los contratos de crédito inmobiliario o los ámbitos financiero y de terrorismo. En 2020, ese porcentaje ascendió hasta el 50%. De las 27 normativas derivadas de decisiones europeas, 8 incluían la transposición de directivas relacionadas con la regulación del régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, la armonización del impuesto del IVA, la eficiencia energética, la armonización de la resolución de litigios fiscales en la UE o el uso de datos de pasajeros para la prevención del terrorismo. El porcentaje de leyes derivadas de directivas y decisiones europeas sumó, en 2021, 4 puntos más, situándose en un 51% de las iniciativas legislativas aprobadas. Entre las 33 normas con origen europeo se incluían transposiciones de directivas relacionadas con las asimetrías híbridas, la elusión fiscal, el blanqueo de capitales, la cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea, la cadena alimentaria o la Ley Ómnibus de transposición de Directivas Europeas.
