Marlaska reitera el rechazo de España a la creación de centros de retorno en terceros países

El ministro del Interior de España, Fernando Grande-Marlaska, calificó este jueves de “desproporcionadas” las medidas del reglamento de retornos acordado este lunes, en referencia a la creación de centros de retorno en terceros países y a los periodos de detención de hasta 24 meses, advirtiendo de que podrían vulnerar tanto los principios de la Unión Europea como el derecho internacional. En declaraciones a su llegada a la reunión de ministros de Asuntos de Interior de la Unión Europea que se celebra este jueves en Luxemburgo, el ministro español indicó que, así como el Pacto Migratorio “ha sido un paso adelante” en la política migratoria europea, el nuevo reglamento de retornos acordado esta semana es “todo lo contrario”. Los negociadores de la Presidencia del Consejo de la Unión Europea y del Parlamento Europeo alcanzaron este lunes un acuerdo provisional para acelerar las deportaciones de nacionales de países no pertenecientes a la UE, así como para permitir la expulsión a centros de retorno en terceros países. Sobre estos centros, Marlaska destacó que podrán ser remitidas “familias con menores incluso si no tienen ningún punto de conexión con esos terceros países”, indicando que podrían vulnerarse “no solo los valores de la Unión Europea, sino también “la legislación internacional, como un principio esencial y básico de la protección internacional, la no devolución sin justificación alguna y poniendo en riesgo a las personas”. El ministros español también rechazó los periodos de detención que contempla el acuerdo. Las personas podrán ser detenidas hasta por 24 meses tras una evaluación individual si no cooperan, presentan riesgo de fuga o se considera que representan un riesgo para la seguridad, una medida que el ministro español tachó de “desproporcionada”. “Pueden conllevar que una persona en esa situación de solicitud de protección internacional se vea abocada a la tramitación, en su caso, mientras el retorno, etc., a una privación de libertad superior a la que sería si se le imputara un delito, incluso un delito grave”, señaló. Marlaska valoró la normativa en conjunto como “desproporcionada” y señaló que, por ello, España, “que se implicó tanto en el Pacto Europeo de Migración y Asilo”, no puede apoyarla. “Ya lo dijimos cuando se debatió el enfoque general, y ahora mismo, cuando ya se ha aprobado”, concluyó.

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