Luz verde definitiva a la delegación de voto de eurodiputadas durante el embarazo y después del parto

Una vez que la medida entre en vigor, una eurodiputada que esté embarazada o haya dado a luz recientemente podrá delegar su voto en otro diputado durante un período máximo de tres meses antes de la fecha prevista del parto y hasta seis meses después del mismo. El Consejo de la Unión Europea dio este martes su aprobación definitiva a la modificación de la ley electoral europea que permitirá el voto por delegación en el Parlamento Europeo durante el último trimestre del embarazo y los primeros meses posteriores al parto. La viceministra de Asuntos Europeos de la República de Chipre, Marilena Raouna, afirmó que se trata de “otro hito importante para una democracia europea más inclusiva”. Permitir delegar el voto a las eurodiputadas embarazadas y a las que han dado a luz recientemente, señaló la presidencia chipriota, “envía un mensaje claro: las mujeres nunca deberían tener que elegir entre el servicio público y la maternidad”. “Nuestras instituciones deben evolucionar para apoyar la participación equitativa y reflejar las realidades de la vida moderna”, añadió Raouna. Las normas vigentes establecen que el mandato de un eurodiputado es personal, lo que exige que su voto se emita individualmente y de forma presencial. Sin embargo, en noviembre de 2025, el Parlamento Europeo aprobó una resolución para una revisión específica de la ley electoral europea. La decisión del Consejo establece que el estatuto de los eurodiputados deberá fijar las condiciones generales que regirán esta delegación de voto, garantizando el cumplimiento de los principios de transparencia, rendición de cuentas, trazabilidad, seguridad jurídica e integridad del voto. Además, el reglamento del Parlamento Europeo deberá establecer las modalidades concretas para esta delegación de voto. Este expediente sigue un procedimiento legislativo especial en el que el Parlamento Europeo aprueba primero una propuesta, que posteriormente se transmite al Consejo. El Consejo, a su vez, fija su posición sobre la propuesta y solicita la aprobación del Parlamento antes de adoptar definitivamente la legislación. El acto deberá ser ratificado por todos los Estados miembros conforme a sus respectivos procedimientos constitucionales nacionales antes de su entrada en vigor. Cada país deberá notificar la finalización de esos procedimientos para que la norma pueda aplicarse.

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