Las medidas adoptadas bajo este reglamento pueden incluir la identificación de un país como no cooperante, restricciones a las importaciones de productos pesqueros o acciones específicas contra determinadas flotas de terceros países.
El Consejo de la Unión Europea aprobó formalmente este lunes un conjunto revisado de normas diseñadas para reforzar la lucha contra las prácticas pesqueras no sostenibles de países ajenos a la UE, con el fin de proteger las poblaciones de peces de interés común y garantizar la sostenibilidad a largo plazo de los ecosistemas marinos, mientras se asegura una competencia leal para los pescadores europeos.
El nuevo reglamento busca salvaguardar la sostenibilidad de las poblaciones de peces compartidas entre la UE y terceros países, y proteger los intereses pesqueros de la Unión Europea. Con estas medidas, se pretende evitar que las prácticas pesqueras destructivas de países no miembros pongan en riesgo los recursos marinos de la UE, asegurando que los pescadores europeos puedan competir en igualdad de condiciones.
Las disposiciones actualizadas hacen que las normas sean más claras y transparentes, facilitando la identificación de los países terceros que permiten prácticas pesqueras insostenibles. El reglamento establece con mayor precisión los comportamientos que podrían dar lugar a sanciones, como la prohibición o restricción de la importación de productos pesqueros provenientes de esos países.
Además, se introduce una lista detallada de ejemplos sobre lo que se considera una “falta de cooperación”, lo que mejora la claridad jurídica y garantiza que tanto dentro de la UE como en los países no comunitarios, las decisiones sean fácilmente comprendidas.
El reglamento también refuerza el enfoque diplomático, promoviendo un diálogo continuo y la cooperación con los países no miembros antes y después de que se adopten medidas contra la pesca no sostenible.
En este contexto, los países terceros tendrán un plazo de 90 días para responder a las notificaciones de la Comisión Europea, en las que se les informa sobre la posible designación como «no cooperantes». Este plazo les permitirá ajustar sus políticas pesqueras antes de que se impongan sanciones más severas.
El reglamento revisado entrará en vigor 20 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, marcando el inicio de un periodo de transición hacia una aplicación más estricta y efectiva de las nuevas normas.