El Consejo de Agricultura y Pesca de la Unión Europea abordó este lunes el estado de aplicación de la Visión para la Agricultura y la Alimentación un año después de su presentación, así como cuestiones comerciales, la transición energética en pesca y acuicultura y una modificación del reglamento sobre posibilidades de pesca.
En relación con la Visión para la Agricultura y la Alimentación, los ministros evaluaron el progreso alcanzado desde febrero de 2025 y debatieron la adecuación de las iniciativas en curso en un contexto marcado por la evolución de la situación geopolítica, el conflicto en Oriente Medio, la volatilidad de los mercados y los efectos del clima.
Durante el intercambio, varios Estados miembros señalaron avances en materia de relevo generacional y simplificación normativa, al tiempo que indicaron la necesidad de continuar con medidas adicionales.
ambién se trataron acciones dirigidas a reforzar la resiliencia, la competitividad y la seguridad alimentaria en el sector agroalimentario de la Unión. La Comisión ha puesto en marcha iniciativas vinculadas a la cadena de suministro, las prácticas comerciales, la organización común de mercados y la política agrícola común, y prepara nuevas propuestas como una estrategia sobre ganadería, un plan sobre proteínas y un plan de acción sobre fertilizantes.
En el ámbito comercial, el Consejo ofreció orientación política a partir de la información de la Comisión Europea. Los ministros analizaron el impacto de la situación geopolítica en las cadenas de suministro y en los costes de producción, transporte y distribución de alimentos.
Varios Estados miembros expresaron su apoyo a las medidas de salvaguardia en el acuerdo con Mercosur y plantearon su posible extensión a otros acuerdos comerciales. También respaldaron el planteamiento de reciprocidad de la Comisión, incluida la reducción a cero de los límites máximos de residuos para determinadas sustancias, y tomaron nota de la evaluación de impacto y del plan de acción que podrían conducir a la prohibición de productos con sustancias no autorizadas en la Unión.
Asimismo, solicitaron un informe actualizado sobre los efectos de los acuerdos de libre comercio en el sector agroalimentario. Los Estados miembros apoyaron el refuerzo de los controles en frontera y de las auditorías a terceros países y señalaron la necesidad de un fondo de gestión de crisis de mayor dimensión en el próximo marco financiero. En este contexto, instaron a la Comisión a elaborar un plan para reducir los costes de producción, en particular en relación con la energía y los insumos agrícolas.
El Consejo adoptó además como punto sin debate unas directrices actualizadas para la posición de la Unión y sus Estados miembros en los foros del G20 y del G7 en materia de agricultura, con el objetivo de promover la seguridad alimentaria mediante la cooperación multilateral y el refuerzo de las cadenas de valor.
En materia de pesca y acuicultura, los ministros mantuvieron un intercambio de puntos de vista sobre la transición energética a iniciativa de la presidencia chipriota. El debate se centró en la reducción de la dependencia de los combustibles fósiles, la viabilidad económica del sector, la movilización de inversiones y el desarrollo de infraestructuras y tecnologías. También se abordaron los modelos de negocio y el papel de los Estados miembros en el apoyo al sector hasta 2050. La discusión se enmarcó en la agenda de sostenibilidad de la Unión y en la perspectiva a 2040 para pesca y acuicultura, teniendo en cuenta la dependencia energética del sector y los retos asociados a los costes, la renovación de la flota y el relevo generacional.
En este contexto, los Estados miembros acogieron el anuncio de la Comisión sobre la activación de instrumentos del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura para apoyar al sector ante el aumento del precio del combustible.
El Consejo adoptó igualmente una modificación del reglamento sobre posibilidades de pesca, fijando el total admisible de capturas de caballa del Atlántico Nororiental en 299.010 toneladas, en línea con el acuerdo entre Estados costeros.