Los Estados miembros de la UE avalan extender un año la protección temporal a los ucranianos que huyen de la guerra

Los países de la Unión Europea acordaron este miércoles extender hasta el 4 de marzo de 2028 el régimen de protección temporal vigente que permite a la UE acoger a más de 4 millones de personas desplazadas de Ucrania a causa de la guerra, antes de que expire en marzo de 2027. La Comisión Europea propuso el pasado 26 de junio prolongar la protección temporal durante un año. Hasta ahora, este mecanismo había sido prorrogado hasta el 4 de marzo de 2027, y más de 4 millones de personas desplazadas de Ucrania se han beneficiado de esta protección en la UE desde marzo de 2022. Además, al reconocer la necesidad de proteger a las personas desplazadas y la necesidad de Ucrania de continuar su defensa frente a la guerra de agresión de Rusia, los países de la UE acordaron que la protección temporal solo debería concederse a quienes cumplan con sus obligaciones militares en Ucrania. Esta limitación se aplicará únicamente a los nuevos solicitantes de protección temporal y no afectará a quienes ya cuentan con este régimen de protección en la UE. La Directiva de Protección Temporal fue activada por primera vez por el Consejo en respuesta a la invasión rusa de Ucrania. Tras la petición de los ministros del Interior del 2 de marzo de 2022, la Comisión propuso su activación y, el 4 de marzo, el Consejo la adoptó por unanimidad. Según los últimos datos de la oficina estadística Eurostat, a 31 de mayo de 2026 un total de 4,38 millones de ciudadanos extracomunitarios que huyeron de Ucrania contaban con protección temporal en la UE. Personas con derecho a la protección temporal La Directiva de Protección Temporal establece que tienen derecho a esta protección los nacionales ucranianos que residían en Ucrania y fueron desplazados a partir del 24 de febrero de 2022, así como sus familiares. También están incluidas las personas apátridas y los nacionales de terceros países distintos de Ucrania que contaban con protección internacional o una protección nacional equivalente en Ucrania antes de esa fecha y que fueron desplazados posteriormente, junto con sus familiares. Asimismo, pueden acogerse a la protección las personas apátridas y los nacionales de terceros países que puedan demostrar que residían legalmente en Ucrania antes del inicio de la agresión rusa, con un permiso de residencia permanente válido, y que no puedan regresar en condiciones seguras y duraderas a su país o región de origen. Sin embargo, en principio, no tienen derecho a esta protección quienes abandonaron Ucrania antes del 24 de febrero de 2022, aunque la Comisión anima a los Estados miembros a ampliar la protección a estas personas cuando sea posible. La directiva establece además que los Estados miembros deben facilitar el reconocimiento inmediato del derecho a la protección sin exigir un proceso formal de solicitud, aceptando documentación razonable para acreditar la identidad, la nacionalidad o el vínculo familiar, incluso cuando esta se encuentre caducada. Los Estados miembros también deben expedir permisos de residencia, registrar los datos personales de los beneficiarios de acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos y consultar las bases de datos europeas y nacionales pertinentes, en particular el Sistema de Información de Schengen, antes de emitir dichos permisos. Asimismo, deben garantizar el acceso a la educación, la atención sanitaria y la asistencia psicosocial, especialmente para los menores, además de nombrar tutores o representantes legales para los menores no acompañados lo antes posible. También deben permitir la libre circulación dentro del espacio Schengen, facilitar visados cuando sea necesario, cooperar en la reagrupación familiar, prevenir la trata de seres humanos mediante medidas específicas de protección e información, garantizar el acceso al procedimiento de asilo en cualquier momento y notificar a la Comisión y al Consejo cualquier ampliación de la protección temporal a categorías adicionales de personas.

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