Los Estados miembros acuerdan mantener el control sobre la gestión del nuevo programa de Justicia del MFP 2028-2034

Los ministros de Justicia de la Unión Europea fijaron este viernes su posición negociadora parcial sobre el nuevo programa de Justicia, que forma parte del presupuesto comunitario para 2028-2034. Los Estados miembros acordaron que su aplicación se realizará mediante actos de ejecución, como en el programa actual, rechazando la propuesta de la Comisión de gestionarlo directamente. La posición negociadora adoptada es parcial porque excluye las cuestiones financieras y transversales, que se están debatiendo en el marco de las negociaciones sobre el próximo Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028-2034. Esta posición constituye el mandato del Consejo para iniciar las negociaciones con el Parlamento Europeo sobre el reglamento del programa, mientras que la decisión sobre el presupuesto definitivo dependerá del acuerdo final sobre el MFP. El ministro de Justicia y Orden Público de Chipre, Costas Fytiris, señaló que el acuerdo permitirá avanzar en la cooperación judicial transfronteriza, mejorar el acceso a la justicia y reforzar la independencia de los sistemas judiciales en toda la UE. Los Estados miembros también acordaron ampliar la definición de "poder judicial y personal judicial" para incluir a otros profesionales vinculados al ámbito judicial, como abogados, notarios, agentes judiciales, administradores concursales, mediadores e intérpretes judiciales. Esta ampliación permite que un mayor número de actores nacionales participen en la cooperación judicial y en la administración de justicia. El programa incorpora además formación para profesionales no judiciales. El acuerdo prevé el uso de herramientas digitales para facilitar la comunicación entre tribunales de distintos Estados miembros y reforzar la seguridad de las identidades digitales, con el objetivo de mejorar la eficiencia de los procedimientos transfronterizos y reducir los tiempos y costes asociados. Asimismo, el programa incluye medidas de cooperación entre autoridades nacionales en la lucha contra la delincuencia grave, como la corrupción, el terrorismo y los delitos medioambientales, tanto dentro de la UE como con países candidatos en el marco de sus reformas judiciales. También contempla acciones de formación dirigidas a jueces, fiscales y otros profesionales del ámbito judicial y administrativo en derecho civil, penal y derechos fundamentales, con atención específica a la digitalización de los sistemas de justicia y al uso de herramientas tecnológicas en los procedimientos.

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