La Unión Europea acuerda la creación de centros de retorno en terceros países para personas en situación irregular

Los negociadores de la Presidencia del Consejo de la Unión Europea y del Parlamento Europeo alcanzaron un acuerdo provisional para acelerar las deportaciones de nacionales de países no pertenecientes a la UE, así como para permitir la expulsión a un centro de retorno en un tercer país basado en un acuerdo con un Estado miembro. El ponente del Parlamento, el liberal neerlandés Malik Azmani, señaló que, tras casi dos décadas, la normativa de la UE sobre retornos “necesitaba una reforma urgente”. Indicó que el objetivo de los negociadores era establecer un sistema de retorno “eficaz, viable y jurídicamente sólido”. El acuerdo establece que los nacionales de terceros países que no tienen derecho a residir en los Estados miembros deberán cooperar con las autoridades. La decisión de retorno emitida por las autoridades nacionales competentes a personas en situación irregular conllevará la obligación de abandonar el país de la UE de inmediato o dentro de un plazo determinado. Cuando la legislación nacional lo permita, los Estados miembros podrán imponer sanciones penales, incluyendo penas de prisión. Las personas podrán ser detenidas hasta por 24 meses tras una evaluación individual si no cooperan, presentan riesgo de fuga o se considera que representan un riesgo para la seguridad. La detención podrá prorrogarse seis meses si cambian las circunstancias, surge nueva información o mejora la cooperación con el tercer país. El acuerdo también contempla la detención de menores no acompañados y familias con hijos “como medida de último recurso y durante el período más breve posible”. Se podrán aplicar alternativas a la detención, como garantías financieras o vigilancia electrónica. Los Estados miembros podrán imponer prohibiciones de entrada que superen los diez años habituales para personas consideradas un riesgo para la seguridad, e incluso prohibiciones indefinidas. Las decisiones de retorno se registrarán en una “orden de retorno europea” y estarán disponibles en todo el espacio Schengen a través del sistema de información Schengen, de manera que un Estado miembro podrá reconocer y ejecutar decisiones de retorno emitidas por otro. Centros de retorno El reglamento permitirá a los Estados miembros establecer centros de retorno en terceros países para personas sin derecho a residir en ellos. Los acuerdos solo podrán celebrarse con terceros países que respeten los derechos humanos, el derecho internacional y el principio de no devolución. Antes de su entrada en vigor, los Estados miembros deberán informar a la Comisión y a los demás Estados miembros. El reglamento entrará en vigor tras su publicación. Varias disposiciones, entre ellas las relacionadas con los centros de retorno, la evaluación de la edad de los menores y la dimensión externa de los retornos, se aplicarán de inmediato. Otras disposiciones que requieren medidas preparatorias entrarán en vigor 12 meses después.

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