La UE sanciona a seis personas vinculadas a intentos de desestabilización en Moldavia

El Consejo de la Unión Europea decidió este lunes imponer medidas restrictivas contra seis personas a las que atribuye participación en acciones dirigidas a afectar la soberanía y la independencia de la República de Moldavia, así como a influir en sus procesos democráticos. Según lo indicado por el Consejo, las personas incluidas en la decisión forman parte de estructuras sucesoras del antiguo partido político ȘOR y mantienen vínculos con el ciudadano Ilan Shor, incluido en la lista de la Unión Europea También se les atribuye participación en operaciones con financiación procedente de Rusia orientadas a interferir en las elecciones parlamentarias previstas para septiembre de 2025, mediante mecanismos de compra de votos y difusión de información falsa, así como coordinación de redes asociadas a la organización Evrazia, con actividades de reclutamiento, formación y difusión de mensajes políticos. Entre los incluidos figura Irina Vlah, señalada por su papel en la organización de un acto electoral remunerado en julio de 2025 y por sus desplazamientos a Moscú antes de las elecciones, donde habría mantenido contactos con representantes de autoridades rusas. También se menciona a Anton Tregub, vinculado a la coordinación de campañas electorales del partido Moldova Mare mediante prácticas de soborno, formación y orientación de estructuras políticas, y a Anton Usov, relacionado con la movilización de estructuras religiosas y la gestión de canales de pago y recopilación de datos en el contexto de actividades de influencia. Con esta decisión, el régimen de medidas restrictivas de la Unión Europea se aplica a un total de 29 personas y cinco entidades. Las medidas incluyen la inmovilización de activos y la prohibición de poner fondos o recursos económicos a disposición de las personas incluidas, así como restricciones de entrada y tránsito en el territorio de los Estados miembros de la Unión Europea. El marco jurídico de estas medidas fue establecido en abril de 2023 a solicitud de la República de Moldavia y permite la adopción de sanciones contra personas implicadas en acciones que afecten a su soberanía, estabilidad institucional o funcionamiento democrático.

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