El Consejo ha adoptado este viernes su posición de negociación para una ley que sirva como herramienta importante para garantizar que la infracción de las sanciones no dé resultado. Las aplicación de las medidas restrictivas como la congelaciones de activos, prohibiciones de viaje y restricciones de importación o exportación, es responsabilidad de los Estados miembros. Sin embargo, los tipos y niveles de sanciones variar dependiendo del país. Actualmente, los Estados miembros no están obligados a penalizar las infracciones y pueden aplicar sanciones administrativas en su lugar. Las sanciones penales máximas oscilan entre 2 y 12 años de prisión. En ese contexto y con el fin de promover un cumplimiento más estricto y efectivo de las medidas restrictivas, la Comisión propuso el 5 de diciembre de 2022 este proyecto que define las conductas que los Estados miembros deberán registrar como delito, por ejemplo, ayudar a las personas sujetas a medidas restrictivas de la Unión a eludir una prohibición de viaje de la UE, comercializar bienes sancionados y realizar transacciones con estados o entidades que se ven afectados por las medidas restrictivas de la UE Gunnar Strömmer, ministro sueco de Justicia, ha explicado que las sanciones son una herramienta crucial en el apoyo de la UE a Ucrania y su lucha contra la agresión ilegal rusa. Por ello, esta nueva ley “facilitará la investigación, persecución y sanción del incumplimiento de las medidas sancionadoras en toda la UE”. El enfoque general acordado este viernes será la base de las negociaciones con el Parlamento para alcanzar una posición común sobre el proyecto de ley.
