El acuerdo entre Donald Trump y Ursula von der Leyen evita un choque arancelario inminente entre Estados Unidos y la Unión Europea, pero también plantea retos internos para la economía europea. La imposición de un arancel fijo del 15 % sobre la mayoría de las exportaciones al mercado estadounidense protege temporalmente a la industria comunitaria, pero dista de ser una victoria. Bruselas asume compromisos relevantes en compras estratégicas —especialmente de energía— y deja al margen a sectores críticos que seguirán expuestos a presión comercial.
Uno de los efectos más inmediatos del acuerdo se notará en el sector del automóvil, que ha evitado por ahora un incremento masivo de aranceles, pero que continuará bajo vigilancia. Alemania, como principal exportador de vehículos a EE.UU., logra una tregua parcial. Sin embargo, la exclusión del sector farmacéutico del pacto genera incertidumbre en países como Irlanda, Bélgica o Países Bajos, grandes plataformas de producción y exportación de medicamentos. El acero y el aluminio, por su parte, seguirán sujetos a aranceles punitivos del 50 %, con un impacto evidente en países como Italia, España o Polonia.
El compromiso europeo de adquirir 750.000 millones de dólares en energía estadounidense supone un giro estratégico con implicaciones energéticas y geopolíticas. Francia, España y Alemania —en pleno proceso de transición energética— deberán reequilibrar sus fuentes de suministro para acomodar gas y petróleo procedentes de EE.UU., lo que podría alterar calendarios de descarbonización o generar tensiones internas por el coste fiscal de estas compras. Este compromiso también refuerza la posición de EE.UU. como proveedor estructural en la arquitectura energética europea.
Desde una óptica política, el acuerdo implica una cesión relativa de autonomía europea en favor de la estabilidad comercial. Algunos Estados miembros, especialmente los más dependientes del comercio transatlántico, como Alemania, Irlanda y Países Bajos, respiran aliviados. En cambio, países con menos capacidad exportadora pero fuerte exposición a importaciones —como Grecia, Portugal o Croacia— podrían percibir desequilibrios en el nuevo marco, especialmente si el arancel fijo del 15 % se consolida a largo plazo.
En conjunto, el pacto entre Trump y von der Leyen marca una desescalada temporal pero no cierra los contenciosos estructurales entre ambas potencias económicas. La UE evita una guerra comercial abierta, pero paga un precio estratégico que obliga a repensar su posición en materia energética, industrial y fiscal. El horizonte electoral en EE.UU. y las posibles elecciones al Parlamento Europeo en 2026 añaden además un componente de incertidumbre a un acuerdo que, aunque estabilizador, no garantiza una paz duradera.
