Esta semana el pleno del Parlamento Europeo ha aprobado definitivamente la Ley europea de Inteligencia Artificial. Pocas tecnologías han evolucionado tan rápidamente como los sistemas de inteligencia artificial. El enorme desafío que supone esta tecnología disruptiva para los derechos de las personas obliga a plantearse el debate del qué, para qué, quién y, cómo se concreta la definición de las garantías frente al empleo de algoritmos para la toma de decisiones que producen efectos jurídicos para los individuos. Estudiantes de primaria, instituciones públicas y privadas, organizaciones de toda clase y la sociedad en general, todos, sin excepción, nos encontramos inmersos en un proceso de integración de herramientas de IA en nuestro quehacer diario. El objetivo tiene que ser beneficioso: realizar nuestras tareas de forma mucho más eficiente.
