La UE impulsa una normativa para impedir que los conductores que infrijan gravemente las normas en un Estado miembro puedan circular por el resto del territorio comunitario

Los ministros de Transporte de la Unión Europea reunidos este jueves en Bruselas acordaron la posición negociadora del Consejo sobre la nueva directiva orientada a mejorar la seguridad vial en el bloque estableciendo que los conductores cuya licencia haya sido retirada en un Estado miembro por infracciones graves de tráfico serán retirados de las carreteras de toda la UE. Bálint Nagy, ministro húngaro de Estado de Transportes, destacó que la nueva ley contribuirá a poner fin a la impunidad de los infractores graves no residentes, mejorando así la seguridad vial en Europa. Según Nagy, la propuesta, una vez aprobada, garantizará que las sanciones de tráfico se apliquen de manera efectiva en todos los países de la Unión Europea, sin importar dónde se haya cometido la infracción. La directiva forma parte de un conjunto más amplio de reformas bajo el denominado "paquete de seguridad vial" de la UE, cuyo objetivo principal es reducir la impunidad de los infractores de tráfico no residentes en la Unión y asegurar que las sanciones por violaciones graves se cumplan en todos los países miembros, sin importar el lugar de la infracción. Una de las principales innovaciones de esta legislación es la introducción de un mecanismo de reconocimiento mutuo entre los Estados miembros. Esto significa que las sanciones de inhabilitación para conducir impuestas en un país de la UE serán reconocidas y aplicadas por los demás países, evitando que los infractores graves eludan las sanciones trasladándose a otro Estado miembro. Además, la directiva facilita el intercambio de información entre los países, estableciendo una plataforma digital segura para la transmisión de datos sobre sanciones, lo que reduce la carga administrativa para los Estados miembros. Con medidas como estas, la UE tiene como meta reducir a la mitad las muertes y lesiones graves en las carreteras para 2030 y alcanzar el objetivo de cero muertes y cero lesiones graves para 2050. La normativa también otorga cierta flexibilidad a los Estados miembros. El país donde se haya cometido la infracción podrá seguir aplicando sus propias sanciones en su territorio y decidir si impone medidas adicionales para que un conductor recupere su licencia. Asimismo, el país que haya emitido el permiso de conducir podrá evaluar la aptitud del conductor y tomar las decisiones necesarias para garantizar que sea apto para volver a conducir antes de restituirle la licencia. Tras la adopción del mandato de negociación o "orientación general" del Consejo, la Presidencia del Consejo está autorizada a iniciar las conversaciones con el Parlamento Europeo con el objetivo de lograr un acuerdo rápido en segunda lectura. Esto implica alcanzar un consenso sobre el texto propuesto, de modo que ambas instituciones (el Consejo y el Parlamento) puedan aprobarlo sin necesidad de realizar modificaciones sustanciales adicionales.

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