La UE da luz verde parcial al sexto desembolso a España por 5.700 millones dentro de NextGenerationEU

La Comisión Europea ha autorizado de forma parcial el desembolso correspondiente a la sexta solicitud de pago de España dentro del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, integrado en el programa NextGenerationEU. El importe asociado a esta evaluación asciende a 5.700 millones de euros. La decisión incluye, además, la incorporación al pago de dos hitos que habían quedado suspendidos en la evaluación previa correspondiente a la quinta solicitud. La decisión se basa en la verificación realizada por los servicios de la Comisión Europea, que concluyen que España ha acreditado el cumplimiento de 51 hitos y 64 de los 67 objetivos incluidos en la Decisión de Ejecución del Consejo que regula el plan. Este marco establece las condiciones que vinculan los desembolsos a la ejecución de reformas e inversiones previamente acordadas por el Estado miembro. El conjunto de actuaciones evaluadas en esta solicitud se integra en el Plan de Recuperación y Resiliencia de España, que se articula en torno a reformas estructurales e inversiones en distintos ámbitos de política pública. Entre ellos se encuentran medidas relacionadas con el mercado de la vivienda, a través de modificaciones del marco regulatorio y del funcionamiento de la empresa estatal SEPES, así como de recomendaciones en materia de planificación urbanística. También se incluyen actuaciones en el sistema sanitario vinculadas a la creación de una agencia estatal de salud pública, a la gestión de la disponibilidad de personal sanitario y a cambios en la formación especializada. En el ámbito de la movilidad sostenible, se contemplan inversiones en infraestructuras de transporte, incluidas actuaciones en la red transeuropea TEN-T con componentes de digitalización. Se recogen asimismo proyectos industriales agrupados en los denominados PERTE, orientados a procesos de modernización productiva. En paralelo a la evaluación de la sexta solicitud, la Comisión ha revisado elementos pendientes de la quinta solicitud de pago. En este contexto, ha confirmado que el hito relativo a la digitalización de entidades regionales y locales ha sido completado, lo que permite la incorporación de 25 millones de euros al desembolso previsto. Asimismo, tras el análisis de información adicional aportada por las autoridades españolas, ha propuesto liberar de forma parcial 277 millones de euros asociados a un hito de carácter fiscal que anteriormente se encontraba suspendido. La evaluación no ha concluido todavía en relación con tres objetivos incluidos en la sexta solicitud de pago. Estos objetivos se refieren a actuaciones en formación profesional bilingüe, servicios de teleasistencia y proyectos destinados a apoyo a colectivos vulnerables, emprendimiento y microempresas. La Comisión ha indicado que España puede presentar una solicitud de modificación para ajustar la formulación de estos objetivos con el fin de facilitar la verificación de su cumplimiento, manteniendo el contenido de las medidas. El procedimiento administrativo continúa ahora con la remisión de la evaluación preliminar al Comité Económico y Financiero, que dispone de un plazo de cuatro semanas para emitir su dictamen. Tras ese dictamen, la Comisión podrá adoptar la decisión final de pago. En paralelo, España dispone de un periodo para formular observaciones sobre los objetivos aún no considerados cumplidos. En caso de que, tras ese intercambio, la Comisión mantenga su evaluación, los importes correspondientes a esos objetivos quedarían suspendidos temporalmente y sujetos a un plazo adicional para su ejecución y verificación posterior. Desde el inicio del plan, España ha recibido ya 76.000 millones de euros en el marco del mecanismo, incluyendo la prefinanciación inicial. Esta cantidad representa una parte significativa del total asignado en el plan nacional de recuperación, que se financia a través de NextGenerationEU y se orienta a reformas e inversiones en áreas como la digitalización, la transición energética, la cohesión social y la modernización de servicios públicos. El calendario del mecanismo establece que los Estados miembros deben completar los hitos pendientes antes de agosto de 2026 y presentar las solicitudes finales de pago antes de septiembre de ese mismo año.

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