La UE amplía el mandato de la Agencia Europea de Sustancias Químicas para incluir la seguridad de los productos y la política medioambiental

Los colegisladores alcanzaron en la madrugada de este martes un acuerdo provisional para reforzar la gestión y la financiación de la Agencia Europea de Sustancias Químicas (ECHA, por sus siglas en inglés), mediante la creación de un marco jurídico independiente orientado a la evaluación y gestión de los riesgos químicos, incluidas las sustancias emergentes, y al mantenimiento de la protección de las personas y del medio ambiente. El Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo acordaron una reforma de la base jurídica de la ECHA a través de un reglamento específico e independiente que sustituye la vinculación directa con el Reglamento REACH de 2007, que establecía su creación y funcionamiento. Con esta modificación, la agencia pasa a contar con un marco normativo propio que integra en un único texto las funciones que ha asumido desde su creación. Las competencias de la ECHA se han ampliado de forma progresiva más allá del ámbito inicial de registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias químicas previsto en REACH. A estas funciones se han añadido responsabilidades en materia de seguridad de los productos y política medioambiental, así como la elaboración de dictámenes científicos sobre sustancias como los microplásticos y los compuestos PFAS. El nuevo reglamento integra estas competencias en una estructura jurídica unificada destinada a organizar su aplicación. Los colegisladores han introducido una adaptación de la estructura de la agencia para ajustarla al volumen actual y previsto de trabajo. Se prevé la participación de expertos designados por los Estados miembros en los comités científicos de evaluación de riesgos y de análisis socioeconómico para el desarrollo de las tareas técnicas de la agencia. El acuerdo establece además que el Parlamento Europeo y los Estados miembros podrán solicitar dictámenes científicos a la ECHA, previa consulta con la Comisión Europea, lo que formaliza los procedimientos de solicitud de asesoramiento. En el ámbito presupuestario, el acuerdo unifica los distintos presupuestos de la agencia en un único presupuesto autónomo, en sustitución del esquema anterior de varios presupuestos separados, con el objetivo de simplificar la gestión de los recursos. Se incorpora asimismo la creación de un fondo de reserva destinado a cubrir variaciones en los ingresos procedentes de tasas y cargos que financian parte de la actividad de la agencia. Este fondo se fija con un límite inicial del 10 % de esos ingresos, con la posibilidad de que la Comisión Europea ajuste ese porcentaje entre el 1 % y el 20 % en función de las necesidades financieras. El texto incluye también disposiciones sobre la prevención de conflictos de intereses en el personal y en los expertos de la agencia, incluidos los miembros de sus comités científicos, mediante procedimientos destinados a la identificación y gestión de situaciones que puedan afectar a la independencia de las evaluaciones y recomendaciones. Tras el acuerdo provisional, el texto deberá ser aprobado de forma formal por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea. Una vez adoptado, será publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea y entrará en vigor veinte días después de su publicación.

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