La UE acuerda simplificar normas y extender apoyo a empresas en crecimiento

La Presidencia del Consejo y el Parlamento Europeo alcanzaron este martes un acuerdo provisional sobre el paquete legislativo ‘Omnibus IV’, que incluye nuevas normas para empresas de tamaño intermedio y para la digitalización de requisitos regulatorios. El acuerdo introduce la categoría de pequeñas empresas de tamaño intermedio, conocidas como “small mid-cap” o SMC, que se sitúan entre las pequeñas y medianas empresas (PYMES) y las grandes empresas. La legislación define a estas empresas como aquellas con menos de 1000 empleados y con un límite de facturación anual de hasta 200 millones de euros o un balance anual de hasta 172 millones de euros, incrementando los umbrales inicialmente propuestos por la Comisión. Se establece que dentro de cinco años la Comisión evaluará cómo esta definición influye en la reducción de cargas administrativas y en la competitividad de estas empresas, permitiendo ajustes si fuera necesario. Además, se mantiene un plazo de 15 meses desde la entrada en vigor de la directiva para que los Estados miembros la transpongan. El acuerdo transforma requisitos físicos existentes en procesos digitales siguiendo el principio ‘digital by default’. Esto incluye la digitalización de la declaración de conformidad y los intercambios de información entre autoridades nacionales y operadores económicos. Se permite que los fabricantes proporcionen instrucciones de uso en formato digital en lugar de papel. La legislación también establece que, en situaciones excepcionales donde las normas armonizadas no sean suficientes, se puedan utilizar especificaciones comunes como alternativa para demostrar el cumplimiento de los productos con la normativa de la UE. Estas especificaciones funcionan como recurso complementario y buscan ofrecer mayor claridad legal y coherencia regulatoria. Se aclara que la información de seguridad debe estar siempre disponible en papel si existe riesgo de daño para los consumidores. Para facilitar la implementación de estas medidas, los Estados miembros dispondrán de un plazo de 24 meses desde la entrada en vigor de la directiva. El acuerdo se ha diseñado para acompañar a las empresas en su crecimiento, extendiendo las medidas de apoyo que antes se dirigían solo a PYMES a las SMC, que representan aproximadamente el 6% del empleo en la UE y tienen presencia en sectores clave como electrónica, aeroespacial, defensa, energía, industrias intensivas en consumo energético y salud. Además, la normativa busca reducir costes, disminuir el papeleo y agilizar los procedimientos administrativos, con el objetivo de favorecer la competitividad de estas empresas en el mercado único. El acuerdo provisional debe ser aprobado formalmente por el Consejo y el Parlamento Europeo antes de pasar a revisión legal y lingüística y, finalmente, a su adopción definitiva. Esta iniciativa responde a directrices anteriores del Consejo Europeo y de la Comisión, que promovían simplificar los marcos regulatorios y reducir cargas administrativas para empresas, con especial atención a aquellas que están en fase de expansión y digitalización.

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