La UE acuerda nuevas normas para proteger a adultos con discapacidad o deterioro cognitivo en situaciones transfronterizas

El Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo alcanzaron este martes por la noche un acuerdo sobre un reglamento destinado a proteger los derechos de los adultos que necesitan apoyo o protección, especialmente en situaciones que involucran más de un país miembro. La normativa se aplica a personas que no pueden tomar decisiones por sí mismas sin ayuda, como quienes padecen enfermedades cognitivas relacionadas con la edad y dependen de familiares o representantes legales. El reglamento armoniza la legislación de la UE con las normas internacionales del Convenio de La Haya sobre la Protección de Adultos Vulnerables. Establece criterios sobre cuál tribunal tiene jurisdicción en casos transfronterizos, qué legislación se aplica y cómo se deben reconocer y ejecutar las medidas de protección adoptadas en otro Estado miembro. Además, permite que los adultos con capacidad limitada puedan elegir el tribunal que conozca de su caso cuando exista un vínculo claro con él. Esta normativa responde al aumento previsto de la población mayor con necesidades de apoyo y a la movilidad transfronteriza creciente dentro de la UE, lo que genera desafíos relacionados con la gestión de bienes, atención médica y traslado de personas dependientes. El reglamento busca simplificar y armonizar estas situaciones, aportando seguridad jurídica y reconocimiento de los derechos de los adultos vulnerables en todos los Estados miembros. La normativa también garantiza que las decisiones legales relacionadas con la protección de adultos, incluidos documentos notariales y actas, tengan efectos equivalentes en todos los Estados miembros, salvo excepciones limitadas, como la falta de oportunidad para que la persona sea escuchada. El reglamento define cómo se deben tomar decisiones sobre su lugar de residencia o traslado a centros de atención en un país distinto al de su residencia habitual, priorizando el interés y las preferencias de la persona, aunque los Estados miembros pueden objetar ciertos traslados por motivos específicos. Se introduce un certificado europeo de apoyo y representación, que facilita a los representantes legales demostrar su autoridad para actuar en otro Estado miembro. Una vez completados los procedimientos formales, el reglamento entrará en vigor 20 días después de su publicación en el Diario Oficial de la UE y comenzará a aplicarse progresivamente a partir de los 24 meses siguientes.

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