Los negociadores de la Eurocámara y el Consero alcanzaron el martes un acuerdo informal para fortalecer la cooperación de los Estados miembros en la investigación transfronterizade infracciones de tránsito. Con el propósito de prevenir la conducción imprudente en el extranjero, los legisladores acordaron el martes por la noche actualizar las normativas vigentes. Esta actualización de la directiva de 2015 sobre el intercambio transfronterizo de información sobre infracciones de tráfico relacionadas con la seguridad vial, implica la ampliación de la lista de infracciones de tráfico cometidas por conductores no residentes. Además de las infracciones previamente establecidas como exceso de velocidad, conducción bajo los efectos del alcohol o no respetar un semáforo en rojo, se incluyen ahora nuevas conductas como estacionamiento indebido, adelantamiento peligroso, cruce de una línea continua y casos de atropello con fuga, entre otras violaciones. La nueva legislación, que forma parte del llamado paquete legislativo sobre "seguridad vial", mantiene la orientación general de la propuesta de la Comisión. Sin embargo, los colegisladores introdujeron varios cambios como mayor transparencia en los procedimientos relacionados con el acceso a los datos de matriculación de vehículos y las diferentes opciones para que las autoridades competentes soliciten asistencia mutua con el fin de garantizar que se identifique a la persona que ha cometido la infracción y que la notificación llegue al lugar correcto en un tiempo razonable. Actualmente el 40% de las infracciones transfronterizas quedan impunes Según señaló el Parlamento, el 40% de las infracciones transfronterizas quedan impunes, por lo que los eurodiputados abogaron por procedimientos de asistencia más sólidos entre los países de la UE y la obligación de ayudar a encontrar a la persona responsable de una infracción de tráfico. La normativa actualizada obliga al Estado miembro a responder a la solicitud sin demoras, a más tardar dos meses después de haber recopilado toda la información necesaria. Además, a petición del país en el que se cometió la infracción, el país de residencia del infractor en la UE puede hacerse cargo del cobro de las multas de tráfico, siempre que sean superiores a 70 euros y no se hayan pagado una vez agotadas todas las acciones legales. También se estableció un marco para prohibir cualquier abuso por parte de entidades privadas involucradas en el proceso de infracciones de tráfico relacionadas con la seguridad vial, introduciendo una disposición por la que, dos años después de la transposición de las nuevas normas a la legislación nacional, se prohibirá a las entidades privadas ayudar a los países de la UE a cobrar multas de tráfico a los conductores extranjeros. Una vez el acuerdo informal sea aprobado por el Consejo y el Parlamento, los Estados miembros dispondrán de 30 meses para transponer nuevas disposiciones a la legislación nacional y prepararse para su implementación.
