La Comisión acoge con satisfacción el acuerdo provisional alcanzado con el Parlamento Europeo y el Consejo para reformar y reforzar la Directiva de Eficiencia Energética de la UE. Este acuerdo marca un paso más en la finalización del paquete ‘Fit for 55’ para cumplir con el Acuerdo Verde Europeo y el Plan REPowerEU. El acuerdo muestra una vez más la determinación de la UE de convertirse en climáticamente neutral para 2050.
Por primera vez, el principio de la eficiencia energética primero adquiere fuerza legal con un requisito claro para que los países de la UE tengan en cuenta la eficiencia energética en la política, la planificación y las decisiones de inversión importantes en el sector energético y más allá.
El acuerdo establece un objetivo de eficiencia energética de la UE del 11,7% para 2030, superando la propuesta original de la Comisión 'Fit for 55' y exige a los Estados miembros de la UE que garanticen colectivamente una reducción adicional del consumo de energía final y primaria, en comparación con las previsiones de consumo de energía realizadas en 2020.
Según el acuerdo provisional, la obligación anual de ahorro de energía casi se duplica para garantizar un progreso continuo. Los países de la UE deberán lograr nuevos ahorros cada año del 1,49 % del consumo de energía final de media, de 2024 a 2030, frente al nivel actual del 0,8 %. Tendrán que alcanzar gradualmente el 1,9 % a finales de 2030. Este es un instrumento importante para impulsar el ahorro de energía en sectores de uso final como los edificios, la industria y el transporte.
Las reglas revisadas también otorgan una mayor responsabilidad al sector público para aumentar la eficiencia energética. Los organismos públicos deberán tener en cuenta sistemáticamente los requisitos de eficiencia energética en sus adquisiciones públicas de productos, servicios, edificios y obras. Se introduce un nuevo objetivo de reducción del consumo energético anual del 1,9% para el sector público. La obligación de los países de la UE de renovar cada año al menos el 3% de la superficie total de los edificios propiedad de la administración pública ahora también cubre los niveles regional y local.
Por ese motivo, se animará a las empresas a ser más eficientes desde el punto de vista energético en el marco de la Directiva revisada. En primer lugar, los sistemas de gestión de la energía se convertirán en una obligación por defecto para los grandes consumidores de energía. Todas las empresas, incluidas las pymes que superen los 85 TJ de consumo anual de energía, deberán implementar un sistema de gestión de la energía. En caso contrario, serán objeto de una auditoría energética.
Según las normas acordadas, los países de la UE también tendrán que promover planes locales de calefacción y refrigeración en los grandes municipios con una población superior a 45.000 habitantes. Además, con la definición revisada de calefacción y refrigeración urbana eficientes, los requisitos mínimos se cambiarán gradualmente para garantizar un suministro de calefacción y refrigeración urbana totalmente descarbonizado para 2050. Apoyo a nuevas unidades de cogeneración de alta eficiencia que utilizan gas natural y están conectadas a calefacción urbana eficiente. Los sistemas de calefacción y refrigeración de distrito solo serán posibles hasta 2030, mientras que cualquier otro uso de combustibles fósiles estará prohibido para las nuevas capacidades de generación de calor en dichos sistemas.
El acuerdo refuerza aún más las disposiciones sobre financiación de la eficiencia energética para facilitar la movilización de inversiones. Según las nuevas disposiciones, los países de la UE deberán promover un esquema de financiamiento innovador y productos de préstamos verdes para la eficiencia energética, asegurando su oferta amplia y no discriminatoria por parte de las instituciones financieras. Los países de la UE deberán informar sobre el volumen de inversiones en eficiencia energética.
Finalmente, el acuerdo incluye la primera definición de la UE de pobreza energética. Los Estados miembros ahora tendrán que implementar medidas de mejora de la eficiencia energética como una prioridad entre las personas afectadas por la pobreza energética, los clientes vulnerables, los hogares de bajos ingresos y, en su caso, las personas que viven en viviendas sociales. Las reglas revisadas se enfocan más en aliviar la pobreza energética y empoderar a los consumidores, incluida la creación de ventanillas únicas para asistencia técnica y financiera y mecanismos extrajudiciales para la resolución de disputas.
