La justicia europea señala que las medidas de España no penalizan adecuadamente el uso de contratos temporales sucesivos

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea aclaró este martes que las medidas adoptadas por España para limitar el uso excesivo de contratos temporales en el sector público “no hacen posible penalizar debidamente dicho abuso ni anular las consecuencias del incumplimiento del Derecho de la Unión Europea”. España, a través de la Corte Suprema, planteó una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea ante dudas sobre si la legislación española sobre contratos temporales en el sector público cumplía con la normativa europea. La Corte Suprema buscaba orientación sobre la compatibilidad de sus medidas con la cláusula 5 del acuerdo marco sobre trabajo de duración determinada y sobre si eran suficientes para penalizar los abusos de contratos sucesivos. En su respuesta publicada este martes, la justicia europea señaló que las medidas adoptadas en España para corregir el abuso de contratos sucesivos de duración determinada no parecen ser totalmente compatibles con la normativa europea, ya que no garantizan que los abusos de los contratos temporales en el sector público sean sancionados ni que los trabajadores reciban protección completa. El Tribunal explicó que la conversión de estos contratos en una relación de empleo de duración indefinida no constituye una medida adecuada para penalizar el abuso, y que la compensación prevista en la legislación española, que se paga al finalizar la relación laboral y está sujeta a un doble límite, “no parece ser tal como para anular las consecuencias del incumplimiento del Derecho de la UE en todas las situaciones de abuso”. Respecto a la responsabilidad de las administraciones públicas, el Tribunal indicó que un sistema que sea “ambiguo, abstracto e imprevisible” y que no esté acompañado de medidas efectivas, disuasorias y proporcionales “no constituye una medida adecuada a los efectos de la cláusula 5” del acuerdo marco sobre trabajo de duración determinada. En cuanto a los procedimientos de selección que consideran la experiencia previa de los trabajadores, el Tribunal señaló que si “no se limita a los candidatos respecto de quienes se ha producido un abuso, tampoco constituye una medida adecuada para prevenir y penalizar dicho abuso”. El Tribunal aclaró que no corresponde a él interpretar la legislación nacional y que es la Corte Suprema española la que debe valorar si las medidas nacionales “penalizan debidamente el abuso de contratos sucesivos de duración determinada en el sector público y permiten anular las consecuencias del incumplimiento del Derecho de la UE”.

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