España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Así se establece en la Constitución de 1978. Como tal, los principios básicos son el imperio de la ley, la división de poderes, el respeto de los derechos y las libertades fundamentales, y la legalidad de la administración. En ese marco hemos de desenvolvernos individual y colectivamente, como personas físicas o jurídicas, como autónomos o como empresas, sea cual fuere la forma de ser o de pensar, edad o condición. Y sabemos que a los poderes públicos corresponde asumir una posición activa prestacional con la finalidad de garantizar la igualdad de oportunidades de los ciudadanos con independencia de la distinta situación económica y social de cada uno.
