La Comisión publica el paquete de infracciones de octubre

Estas decisiones, que abarcan distintos sectores y ámbitos de actuación de la Unión Europea, tienen por objeto velar por la correcta aplicación del Derecho de la Unión en beneficio de los ciudadanos y de las empresas. La Comisión decide enviar a España, Chipre, Polonia y Portugal ante el TJUE por no haber cumplido las obligaciones de la “Directiva sobre el Pilar Dos” . La Comisión reconoce que las autoridades están realizando esfuerzos significativos para finalizar su legislación nacional de aplicación del Pilar Dos, pero, hasta la fecha, estos Estados miembros no han notificado las medidas de transposición A su vez, Italia también ha sido llevada ante el TJUE por no haber puesto fin al uso abusivo de los contratos de duración determinada. La Comisión lleva a cabo esta decisión debido a que Italia incumple la legislación de la UE sobre el empleo de plazo fijo. La Comisión también envía a Portugal, Hungría y Estonia ante el TJUE. En el caso de Portugal por no cumplir con el Acuerdo Verde Europeo en relación al objetivo de contaminación cero. La Comisión considera que Hungría no cumple con la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE: el derecho al respeto de la vida privada y familiar, la libertad de expresión y de información o la libertad de asociación entre otros. En relación a Estonia por no haber aplicado de forma adecuada la legislación sobre los visados. Por último, La Comisión ha decidido llevar a Dinamarca y a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por no haber transpuesto las Directivas (UE) 2017/2397 y (UE) 2021/1233, relacionadas con el reconocimiento de cualificaciones en la navegación interior y los certificados de terceros países . Estas directivas establecen las normas para la certificación del personal en buques de navegación interior y medidas transitorias para los documentos emitidos antes del plazo de transposición. Dinamarca y España no han adoptado las medidas necesarias antes de la fecha límite de enero de 2022, lo que llevó a la Comisión a enviar cartas de emplazamiento y dictámenes motivados en 2022 y 2023. Ante la falta de respuesta o medidas por parte de estos países, la Comisión ha decidido llevar ambos casos al Tribunal de Justicia de la UE.

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