El Ejecutivo comunitario ha pedido a los Veintisiete que se retiren de forma conjunta del tratado. Varios países europeos, como España, ya habían anunciado que lo harían. La Comisión Europea ha propuesto que la UE, sus Estados miembros y Euratom se retiren, de forma coordinada, del Tratado sobre la Carta de la Energía. Este Tratado ha permanecido prácticamente inalterado desde que se acordó en la década de 1990, y ya no es compatible con la mayor ambición climática de la UE en el marco del Pacto Verde Europeo y el Acuerdo de París. Por consiguiente, la Comisión propone que la UE, sus Estados miembros y Euratom se retiren del Tratado sobre la Carta de la Energía no modernizado de manera coordinada y ordenada, para garantizar la igualdad de trato de los inversores en toda la UE y fuera de ella. Para garantizar la claridad jurídica, la Comisión retira también su anterior propuesta de ratificación del Tratado modernizado, que no reunió la mayoría necesaria entre los Estados miembros. El Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE) cuenta actualmente con 56 signatarios y partes contratantes, entre ellos la Unión Europea y Euratom. El Tratado se firmó en 1994 y entró en vigor en abril de 1998 con el fin de promover la seguridad energética mediante el funcionamiento de mercados energéticos más abiertos y competitivos. También creó la Conferencia sobre la Carta de la Energía, organización intergubernamental que se reúne periódicamente para debatir cuestiones relacionadas con la cooperación energética. La UE y sus Estados miembros pidieron una modernización del obsoleto Tratado sobre la Carta de la Energía en 2018 y llevaron a cabo con éxito negociaciones entre 2019 y 2022 para adaptar el Tratado a la legislación europea, especialmente en materia de política de inversiones y objetivos energéticos y climáticos. A pesar de cumplir todos los requisitos del mandato de negociación otorgado por el Consejo, los Estados miembros no reunieron la mayoría necesaria para ratificar el Tratado modernizado, tal como propuso la Comisión Europea en octubre de 2022. Dada esta situación, una retirada coordinada por parte de la UE, Euratom y todos los Estados miembros de la UE es ahora el enfoque más coherente desde una perspectiva jurídica y política.
