La Comisión ordena a España que no pague ninguna indemnización a Antin por su laudo de renovables

La Comisión ha concluido hoy que un laudo arbitral, en el que se condena a España a indemnizar a Antin por la modificación de una medida de apoyo a la electricidad renovable, constituye una ayuda estatal ilegal. En la decisión, la Comisión ordena a España que no pague ninguna indemnización basada en el laudo arbitral. La decisión también exige a España que garantice que no se produzca ningún pago, ejecución o ejecución del laudo arbitral. La decisión del Ejecutivo comunitario requiere que España «asegure que ningún pago, ejecución o implementación del laudo arbitral tiene lugar». La Comisión informa que la decisión recuerda la obligación de los jueces nacionales de ayudar a España a garantizar el cumplimiento de la decisión de la Comisión, incluso mediante la adopción de todas las medidas necesarias para impedir el reconocimiento, la ejecución o la ejecución del laudo arbitral en terceros países. España notificó el laudo arbitral, dictado en junio de 2018, a la Comisión para su evaluación con arreglo a las normas de la UE sobre ayudas estatales. Acto seguido, en julio de 2021, sobre la base de una conclusión preliminar de que el laudo arbitral constituía una ayuda estatal y de las dudas de que dicha ayuda fuera compatible con el funcionamiento del mercado interior, la Comisión inició una investigación en profundidad sobre el asunto. La controversia que dio lugar al laudo arbitral se refería a los cambios en el marco jurídico aplicable a las inversiones en el sector energético. En 2007, España estableció un plan para apoyar la producción de electricidad a partir de fuentes renovables. Este régimen no se notificó a la Comisión para su aprobación con arreglo a las normas de la UE sobre ayudas estatales. La Comisión señala que en 2013, España modificó las condiciones en las que las instalaciones renovables podían recibir ayudas. Las modificaciones se aplicaron también a las instalaciones que habían comenzado a recibir la ayuda en el marco del plan de 2007. El régimen de ayuda modificado se notificó a la Comisión. En 2017, la Comisión aprobó el régimen de ayuda modificado en virtud de las normas de la UE sobre ayudas estatales. La ayuda estatal está prohibida a menos que la Comisión la apruebe como compatible con el funcionamiento del mercado interior. Una medida que infrinja otras disposiciones del Derecho de la UE no puede declararse compatible con arreglo a las normas sobre ayudas estatales. La Comisión consideró que el laudo arbitral y, en cualquier caso, su aplicación, pago o ejecución, incumplía el artículo 19 ((1) del TUE y los artículos 267 y 344 del TFUE, así como el principio general de autonomía del ordenamiento jurídico de la UE, y no puede considerarse compatible con el funcionamiento del mercado interior.

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