La Comisión valida el Plan Fiscal y Estructural de España y respalda su hoja de ruta de reformas e inversiones

La Comisión Europea ha validado el Plan Fiscal y Estructural de medio plazo remitido por el Gobierno el pasado 15 de octubre, en cumplimiento del nuevo marco de gobernanza económica y fiscal de la Unión Europea en cuya definición y negociación España tuvo un papel destacado durante la Presidencia española del Consejo de la UE. "España liderará el crecimiento entre las grandes economías europeas, y lo hará de manera equilibrada, protegiendo el Estado del bienestar y las necesarias inversiones a futuro, de manera compatible con nuestro compromiso con la responsabilidad fiscal", ha destacado el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo. Según ha informado el Gobierno español, el Plan español avalado por Bruselas es a cuatro años y presenta un escenario de consolidación a siete años al incluir medidas adicionales. En estas cuentas se garantiza la sostenibilidad de la deuda pública a medio plazo, dando así cumplimiento al nuevo marco de supervisión fiscal europeo y manteniendo el compromiso del Gobierno con la responsabilidad fiscal. Para el cumplimiento de los objetivos, la Comisión ha respaldado la senda de crecimiento medio del gasto primario neto establecida por España del 3,4% para el periodo en vigor del Plan (2025-2028) y del 3% para el periodo a 7 años. Esta senda permitirá situar la ratio deuda-PIB por debajo del 100% en 2027 y seguir reduciendo de forma continuada el déficit público hasta el 0,8% en 2031. "De esta forma, la Comisión ha vuelto a situar a España en el grupo de buenos alumnos, es decir, de los Estados miembro que cumplen con las nuevas reglas fiscales europeas, respaldando así la hoja de ruta e inversiones y reformas que sustenta nuestro modelo de crecimiento equilibrado, sostenible y justo", ha afirmado el ministro Cuerpo. En una nota de prensa, el Ejecutivo destaca que España lidera el crecimiento entre las grandes economías europeas y lo hace de una manera equilibrada, compatible con el compromiso de España con la responsabilidad fiscal. Los mensajes de la Comisión en su evaluación señalan que España crecerá en 2024 un 3%, casi cuatro veces por encima de la zona euro, apoyada en un mercado de trabajo robusto, un consumo dinámico y un sector exterior resistente. Las reformas e inversiones presentadas en el Plan español permiten además dar continuidad a una ambiciosa agenda de modernización en algunos ámbitos estratégicos, como son la doble transición verde y digital, seguridad energética, impulso de las competencias profesionales, mejora del clima empresarial o el impulso de la vivienda asequible. Con todo ello, se eleva el potencial de crecimiento de España y se refuerza la sostenibilidad de sus finanzas públicas. "Podremos proteger el estado de bienestar a futuro y nuestras necesarias inversiones en materias estratégicas, y al mismo tiempo seguiremos reduciendo ese peso de la deuda y del déficit público sobre nuestro PIB", ha añadido el ministro Cuerpo. PLAN FISCAL El Plan Fiscal y Estructural que ha sido avalado hoy por la Comisión Europea incluye un conjunto de medidas con efectos macroeconómicos y fiscales a medio y largo plazo. El catálogo contiene reformas e inversiones aprobadas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia cuyo despliegue incrementará el PIB potencial a lo largo del periodo de ajuste. Entre ellas, figura la reciente reforma fiscal aprobada por el Congreso de los Diputados el 21 de noviembre, que establece la entrada en vigor de reformas fiscales destinadas a aumentar los ingresos públicos y modernizar el sistema tributario. Asimismo, el Plan incorpora nuevos compromisos en materia de política económica para hacer frente a los nuevos desafíos y retos de la economía española. Las medidas se han agrupado en cinco grandes ejes: transición ecológica, transformación digital, capital humano, capital físico y productividad y medidas de ámbito presupuestario. Dentro de las medidas en el ámbito de la Transición Ecológica destacan los nuevos objetivos más ambiciosos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima con medidas relacionadas con el almacenamiento energético, el despliegue de renovables, el fomento del autoconsumo y la eficiencia energética. Asimismo, con el objetivo de agilizar la electrificación y el despliegue de redes y puntos de suministro eléctrico se incluye como nueva medida la aprobación de una Estrategia para la planificación de la red de transporte 2025-2030. En el ámbito de la Transformación Digital destacan las medidas contenidas en el Plan Nacional de Competencias Digitales y la reforma del sistema de ciencia e I+D, así como la Estrategia de Inteligencia Artificial. En el eje de fomento del Capital Humano se enmarcan todas las medidas de política económica dirigidas a expandir la cantidad y calidad de la oferta laboral en España. En este ámbito destacan las relacionadas con el mercado de trabajo, como la reforma laboral o la de subsidios, la reforma del sistema de extranjería y la simplificación del sistema de homologación de títulos. Por lo que respecta al impulso del capital físico y la productividad, se incluyen medidas destinadas a expandir el stock de capital instalado en España, así como la mejora de la Productividad Total de los Factores. En este ámbito destacan medidas orientadas a mejorar el clima de negocios, reducir las barreras burocráticas de las empresas y las destinadas a expandir el parque de vivienda. Finalmente, en el ámbito presupuestario se incluyen actuaciones que tienen impacto en la sostenibilidad fiscal por la vía de la reducción del gasto más allá del cumplimiento de la regla de gasto y la mejora de la eficiencia del gasto público. La validación de los planes fiscales-estructurales nacionales a medio plazo que los Estados miembros presentaron a la Comisión constituyen el núcleo del nuevo marco de gobernanza económica y su aprobación supone el primer hito cumplido en este escenario. Los planes deben cumplir dos objetivos: garantizar que, al final del período de ajuste, la deuda de las Administraciones Públicas siga una trayectoria plausiblemente descendente, o se mantenga en niveles prudentes, y que el déficit público se sitúe y se mantenga por debajo del valor de referencia del 3% del PIB a medio plazo; y, en segundo lugar, garantizar la realización de reformas e inversiones que respondan a los principales retos identificados en el contexto del Semestre Europeo y aborden las prioridades comunes de la UE. Además, el Plan debe explicar cómo garantizará el Estado miembro la realización de reformas e inversiones que respondan a los principales retos identificados en el contexto del Semestre Europeo, en particular en las recomendaciones específicas por país (incluidas las relativas al procedimiento de desequilibrios macroeconómicos, si procede), y cómo abordará el Estado miembro las prioridades comunes de la Unión. El período de ajuste presupuestario abarca un período de cuatro años, que puede prorrogarse hasta tres años si el Estado miembro se compromete a llevar a cabo un conjunto de reformas e inversiones pertinentes que satisfaga los criterios establecidos en el Reglamento (UE) 2024/1263, como ha ocurrido en el caso del Plan español.

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