La Comisión Europea tramita una iniciativa ciudadana contra la identificación digital obligatoria y rechaza otra sobre migración y asilo

La Comisión Europea anunció este miércoles la conclusión favorable del examen de una Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) sobre identidad digital y verificación de edad en internet, que será registrada para iniciar el proceso de recogida de firmas, mientras que rechazó otra relacionada con migración y asilo al considerar que sus criterios podían implicar una discriminación por motivos de origen étnico o cultural. Las ICE permiten a los ciudadanos de la Unión Europea solicitar al Ejecutivo comunitario que presente propuestas legislativas en ámbitos en los que cuenta con competencias. Una de las iniciativas, denominada “Stop Killing The Internet: No Digital ID & No Age Verification”, fue registrada por la Comisión al considerar que cumple las condiciones formales establecidas en la normativa europea sobre participación ciudadana. Sus organizadores solicitan que la Comisión proponga normas para garantizar que los sistemas de identidad digital y de verificación de edad utilizados para acceder a servicios en línea dentro de la Unión sigan siendo voluntarios, respeten la privacidad de los usuarios y no generen situaciones de discriminación. Tras el registro, los promotores dispondrán de un plazo inicial de seis meses para comenzar la recogida de firmas, que podrá prolongarse durante un periodo de doce meses. Para que la Comisión tenga que pronunciarse sobre el contenido de la iniciativa, esta deberá reunir al menos un millón de firmas válidas de ciudadanos de la Unión Europea y alcanzar los umbrales mínimos establecidos en, al menos, siete Estados miembros. La segunda iniciativa analizada por el Ejecutivo comunitario, titulada “Save Europe Act”, no fue registrada al considerar Bruselas que no cumplía los requisitos legales previstos para este tipo de mecanismos de participación ciudadana. Sus promotores planteaban la creación de una moratoria temporal sobre nuevos canales de inmigración no occidental, incluidos determinados visados de estudios y procesos de reunificación familiar, además de una reforma del sistema europeo de migración y asilo. La Comisión Europea explicó que los criterios planteados para establecer esa moratoria se basaban en el origen étnico, cultural o civilizatorio de las personas afectadas, en lugar de en una evaluación individual de cada situación conforme al marco jurídico vigente. Según Bruselas, este enfoque entraría en contradicción con los valores fundamentales de la Unión recogidos en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, así como con las disposiciones de la Carta de Derechos Fundamentales relativas al principio de no discriminación. La Comisión recordó que la evaluación realizada en esta fase se limita a comprobar si las iniciativas cumplen las condiciones legales necesarias para su registro y no implica un análisis del contenido político ni de las propuestas formuladas por sus promotores. En el caso de las iniciativas aceptadas, la institución únicamente está obligada a pronunciarse sobre posibles acciones futuras si estas alcanzan el respaldo ciudadano exigido por la normativa europea.

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