La Comisión Europea señala a fabricantes de químicos para la construcción en Francia, Alemania y España por presunta coordinación de subidas de precios

La Comisión Europea ha comunicado a varios fabricantes de productos químicos destinados al sector de la construcción y a tres asociaciones comerciales nacionales que considera, de forma preliminar, que pudieron haber infringido las normas de competencia de la Unión Europea mediante acuerdos para coordinar aumentos de precios en el suministro de aditivos y mezclas químicas utilizados en cemento, hormigón y mortero. El procedimiento afecta a empresas que operan en Francia, Alemania y España y se centra en dos tipos de productos empleados en la industria de la construcción. Por un lado, los aditivos químicos para cemento, utilizados para mejorar los procesos de fabricación y determinadas características del material. Por otro, las adiciones químicas para hormigón y mortero, destinadas a modificar aspectos como el rendimiento, la durabilidad y la trabajabilidad de estos materiales. La Comisión señaló que estos productos forman parte de la cadena de suministro de materiales esenciales para la construcción y que cualquier variación en sus precios puede repercutir en los costes asociados a proyectos de edificación e infraestructuras. El envío de los pliegos de cargos constituye una fase formal de la investigación comunitaria y no implica que la Comisión haya adoptado una decisión definitiva sobre la existencia de una infracción Las empresas y asociaciones señaladas disponen ahora de la posibilidad de presentar sus observaciones y ejercer sus derechos de defensa antes de que el Ejecutivo comunitario adopte una resolución final. Según la información trasladada por la Comisión, existen indicios de que entre 2021 y 2022 varios fabricantes habrían coordinado futuros incrementos de precios de estos productos como respuesta al aumento de los costes de las materias primas. Bruselas vincula esa evolución con las alteraciones provocadas por la pandemia de COVID-19 y con las consecuencias económicas derivadas de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. La investigación comunitaria apunta a que la presunta coordinación se habría producido en el marco de la preparación de comunicados de prensa elaborados dentro de asociaciones comerciales nacionales. Estos documentos habrían sido utilizados para explicar públicamente los incrementos de precios previstos. El expediente se divide en tres investigaciones relacionadas con los mercados nacionales de Francia, Alemania y España. En Francia, la Comisión ha enviado pliegos de cargos a Cemex, Chryso, Mapei, Master Builders Solutions, MC Bauchemie, Sika y TAM, así como a la asociación comercial SYNAD. En Alemania, los destinatarios son Cemex, Ha-be, Mapei, Master Builders Solutions, MC Bauchemie, Liesen, Remei y Sika, además de la asociación Deutsche Bauchemie. En España, el procedimiento afecta a Chryso, Mapei, Master Builders Solutions, MC Bauchemie y Sika, junto con la asociación ANFAH. La Comisión considera que, si sus conclusiones preliminares fueran confirmadas tras el análisis de las alegaciones de las partes, las prácticas investigadas podrían constituir una infracción del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que prohíbe los acuerdos y actuaciones coordinadas entre empresas que puedan restringir la competencia o afectar al comercio dentro del mercado único. El procedimiento se inició después de que la Comisión realizara inspecciones sin previo aviso el 17 de octubre de 2023 en instalaciones de empresas vinculadas al sector de los productos químicos para la construcción en varios Estados miembros. A partir de la comunicación de los cargos, las empresas implicadas pueden acceder al expediente de investigación, presentar argumentos por escrito y solicitar una audiencia oral ante representantes de la Comisión Europea y de las autoridades nacionales de competencia. Si, tras valorar las respuestas de las partes, la Comisión concluye que existen pruebas suficientes de una infracción, podrá adoptar una decisión que prohíba las prácticas investigadas y establecer sanciones económicas. La normativa europea permite imponer multas de hasta el 10% de la facturación anual mundial de una empresa, además de otras medidas destinadas a poner fin a la conducta considerada contraria a las normas de competencia. La Comisión no cuenta con un plazo legal establecido para cerrar este tipo de investigaciones. La duración del procedimiento dependerá de factores como la complejidad del expediente, el nivel de cooperación de las empresas afectadas y el desarrollo del derecho de defensa de las partes implicadas.

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