La Comisión Europea ha lanzado este lunes dos consultas públicas y convocatorias de pruebas con el objetivo de preparar el marco de políticas climáticas de la Unión Europea para el periodo posterior a 2030. Las consultas se centran en el papel de los objetivos climáticos nacionales y las flexibilidades, así como en la posible utilización de créditos internacionales.
La Comisión Europea propuso el pasado mes de julio una modificación de la Ley Europea del Clima, con la intención de establecer un objetivo vinculante para reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero en un 90% para 2040, en comparación con los niveles de 1990.
El Parlamento Europeo y el Consejo alcanzaron en diciembre un acuerdo provisional que respalda este objetivo y establece la base para actualizar la arquitectura climática de la UE en la próxima década. Esta enmienda introduce elementos adicionales para asegurar el cumplimiento del objetivo de 2040 de manera eficiente y coherente con los compromisos internacionales.
Por otro lado, los objetivos climáticos nacionales establecidos en los Reglamentos de Distribución del Esfuerzo y LULUCF expirarán en 2030. En este contexto, la Comisión Europea ha señalado que las consultas contribuirán a evaluar el papel de los objetivos nacionales y las flexibilidades en la política climática de la UE después de 2030, con el fin de asegurar incentivos adecuados para la reducción de emisiones y la eliminación de carbono, alineados con el objetivo climático de la UE para 2040.
Se ha solicitado a los participantes que den su opinión sobre cómo revisar las reglas climáticas de la UE para el futuro, garantizando que sean justas, asequibles y adaptadas a las distintas situaciones nacionales, mientras se asegura el cumplimiento de los objetivos climáticos. Las consultas también abordan el papel de las eliminaciones de carbono y las formas de otorgar más flexibilidad y apoyo a los países de la UE, con el fin de permitir que todas las regiones y sectores económicos avancen hacia una economía climáticamente neutral.
El acuerdo sobre la Ley Europea del Clima también incluye la posibilidad de utilizar créditos internacionales de alta calidad a partir de 2036 para contribuir al objetivo de reducción de emisiones de la UE para 2040. Esta contribución podría representar hasta un 5% de las emisiones netas de 1990, lo que implicaría una reducción del 85% en comparación con los niveles de 1990.
El Ejecutivo comunitario ha solicitado la opinión de los participantes sobre el enfoque adecuado para el uso de estos créditos, buscando su alineación con los objetivos del Acuerdo de París. Además, se contempla un periodo piloto entre 2031 y 2035 para el inicio de un mercado de créditos internacionales de carbono.
Simultáneamente, está en marcha una consulta pública sobre la próxima revisión del Reglamento de Gobernanza, que constituye la base legislativa de la Unión Energética y el marco estratégico para alcanzar los objetivos climáticos y energéticos de la UE hacia la neutralidad climática.