Informe Fundación Alternativas: “España obligada a tener una posición pro activa en la UE a 36”

La organización advierte de que la “súper ampliación” afectará al peso relativo de España y desplazará atención política y recursos en detrimento de América Latina, Mediterráneo y Sahel. España está “obligada” a tener “una posición pro activa desde el principio para situarse adecuadamente en el nuevo puzzle europeo” que surja con la futura “súper ampliación” de la UE, no solo porque afectará a su peso relativo en la Unión y a “muchas políticas europeas centrales para España”, sino porque la incorporación de los nuevos miembros orientales podría “desplazar el foco de atención política y de recursos hacia el Este y los Balcanes, en detrimento de áreas estratégicas para España como América Latina, Mediterráneo y Sahel”. Estas son algunas de las principales conclusiones del informe La súper ampliación de la Unión Europea al este y Balcanes Occidentales, elaborado por la Fundación Alternativas bajo la coordinación de Vicente Palacio, director de Política Exterior de este centro de pensamiento, y que fue hecho público este pasado jueves. Según el documento, “la urgencia geopolítica creada en Europa a raíz de la invasión rusa y la guerra de Ucrania” ha puesto en el centro de la agenda política europea el proyecto de una “súper ampliación” a los Balcanes Occidentales (Albania, Bosnia y Herzegovina, Kosovo, Macedonia del Norte, Montenegro y Serbia) y al Este (Ucrania, Moldova y Georgia). La reciente Cumbre del Consejo Europeo informal, celebrada en Granada el pasado 6 de octubre bajo la Presidencia española del Consejo de la UE, mostró su consenso en favor de una ampliación, que “podría transformar la UE de una manera fundamental”, ya que la incorporación de estos nueve países no solo cambiará el “mapa cognitivo y político acerca de los límites de Europa, sino también las instituciones, el funcionamiento y la identidad de la Unión”. En este contexto, según el estudio de Alternativas, “España está obligada a tener una posición pro activa desde el principio para situarse adecuadamente en el nuevo puzzle europeo”, ya que “una súper ampliación afectaría no solo a nuestro peso relativo en la UE o a los fondos que recibimos de Bruselas, sino de manera transversal a muchas otras políticas europeas, algunas de ellas centrales para España, como la Política Agrícola Común (PAC), la política migratoria, la lucha contra el crimen organizado o incluso a un pilar fundamental como es el respeto al estado de Derecho”. Por ello, según explicó una de las autoras del informe, Mercedes Guinea, durante un encuentro con la prensa, España debe salir del “bajísimo perfil político” que ha tenido en la UE en los “últimos años” y recuperar el “papel muy activo” que tuvo “entre los años noventa y principios de los años 2000”. En estos últimos años, lamentó, España se ha centrado en las negociaciones sobre cuestiones de su interés, pero ha ido “perdiendo la visión estratégica, que se ha recuperado algo con la Presidencia española pero que debería seguir”. En todo caso, prosigue el informe, “España debe extraer las lecciones de anteriores procesos de ampliación, en particular las de 2004 y 2007 con la incorporación de diez nuevos miembros orientales”. “Es preciso recordar que siempre va a existir un riesgo de desplazamiento del foco de atención política y de recursos hacia el Este y Balcanes, en detrimento de áreas estratégicas para España como América Latina, Mediterráneo y Sahel”, advierte. Por ello, la ampliación al Este y los Balcanes “puede y debe llevarse a cabo siempre y cuando, en paralelo, se lleven a cabo ajustes importantes” en estos ámbitos geográficos estratégicos y se apuntalen “nuevos instrumentos” de cooperación. Este proceso “exigirá una actitud pro activa de España”. “Es fundamental que haya una agenda sólida sobre América Latina”, afirmó Mercedes Guinea. EL PESO DE ESPAÑA Y LAS REFORMAS Por otra parte, Alternativas advierte de que, con la incorporación de los nueve Estados, “el peso relativo de España, teniendo en cuenta su población”, va a pasar del 10,7% en la actual UE de 27 Estados al 9,4% en la futura UE a 36. No obstante, precisa, el mayor desequilibrio para España no va a venir de los cambios demográficos, ya que los nueve países son “extraordinariamente diversos en términos de población” (entre los 40 millones de habitantes en Ucrania, los siete millones en Serbia y la reducida población de los siete Estados restantes) y su aportación demográfica conjunta apenas servirá para compensar la salida del Reino Unido. El verdadero problema, afirma, es el incremento del número de Estados miembros, lo cual afecta “tanto a la composición de las instituciones como a los equilibrios internos y las reglas de voto”. Por ello, según el estudio, “para España, la primera condición para una súper ampliación solo puede ser la reforma” porque es necesario revisar la composición y el funcionamiento de las instituciones para “permitir un reparto equitativo de la representación política entre los Estados miembros y los ciudadanos y un funcionamiento ágil y eficaz de la UE”. En estas circunstancias, según Alternativas, “España puede y debe promover esas reformas” -que incluyen cambios en los Tratados y en el presupuesto europeo, la sustitución de la unanimidad por mayoría en el Consejo, la reducción del número de comisarios o una redistribución de escaños en el Parlamento Europeo- “velando al mismo tiempo por sus intereses y bajo un planteamiento pro federal que refuerce al mismo tiempo su presencia en el núcleo duro de la Unión”. Pese a ello, Alternativas recuerda que, “en el momento actual, el debate está dividido entre los que defienden la necesidad de acelerar la agenda de la ampliación antes de abordar la reforma y los que consideramos que una ampliación sin reforma acabará en el fracaso de la Unión”. Entre los defensores de esta segunda opción se encuentran el Parlamento Europeo y numerosos expertos (incluida la propia Fundación Alternativas), pero, entre los primeros, no solo figura la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sino incluso la propia Presidencia española, que en su programa ya diferenciaba claramente, como si se tratara de dos procesos distintos, el proceso de adhesión de los países candidatos y la reforma de los procedimientos de toma de decisiones. De hecho, el secretario de Estado para la UE, Pascual Navarro, admitió en julio de 2023, durante un debate en la Fundación Alternativas, que los dos temas no tenían por qué estar vinculados y que se podía proceder a la ampliación sin considerar la revisión de los Tratados.

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