La propuesta de la Comisión Europea para el Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028-2034 ha abierto, una vez más, una de las batallas más complejas y trascendentales del proyecto comunitario: cómo, cuánto y para qué debe gastar la Unión Europea. Un debate que no solo enfrenta a instituciones y Estados miembros, sino que vuelve a tensar las costuras entre las prioridades del presente y la visión a largo plazo de la UE. El nuevo presupuesto a siete años, con un volumen ligeramente superior al 1,1% del PIB comunitario, ha sido recibido con una mezcla de reservas, entusiasmo y férreas críticas. En el centro del conflicto se encuentra una fractura ya conocida pero que ahora se amplifica: la de los Estados “frugales” —liderados por Países Bajos, Dinamarca, Suecia y Austria— frente al bloque de países del sur y del este, que reclaman un mayor esfuerzo en políticas de cohesión y solidaridad.
LA BATALLA DE LOS “FRUGALES”. Los frugales consideran que el presupuesto debe mantenerse contenido, priorizando la eficiencia y apostando por una Europa que no aumente su carga fiscal. Desde La Haya y Viena se insiste en que el gasto europeo debe concentrarse en ámbitos que generen “valor añadido europeo”, como la innovación, el mercado único o la transición digital. En cambio, los países del sur y del este, encabezados por España, Italia, Polonia y Rumanía, han expresado su decepción ante el recorte progresivo de los fondos de cohesión y, sobre todo, de la Política Agrícola Común (PAC), que se vería reducida en más de un 10% respecto al actual periodo. El Parlamento Europeo no ha tardado en posicionarse. La mayoría de los eurodiputados del grupo socialista (S&D), de los Verdes y de La Izquierda han criticado la insuficiencia del presupuesto propuesto para afrontar los desafíos de una Europa en transformación. Piden un aumento significativo del gasto en transición ecológica, educación, salud pública y apoyo a las regiones más desfavorecidas. En cambio, el Partido Popular Europeo (PPE) ha adoptado una postura más matizada. Aunque apoya un refuerzo de las partidas en defensa y seguridad, considera imprescindible mantener una financiación robusta para la PAC, que sigue siendo el pilar económico de muchas regiones rurales. Desde el grupo liberal Renew Europe se pide una mayor flexibilidad presupuestaria y más recursos propios para la UE, que reduzcan la dependencia de las contribuciones nacionales y doten al bloque de una auténtica autonomía financiera.
QUINTUPLICAR EL GASTO EN DEFENSA. El aumento del gasto en defensa es, sin duda, uno de los elementos más llamativos y polémicos de esta propuesta. En un contexto marcado por la guerra en Ucrania, la creciente inestabilidad en los Balcanes y la presión migratoria en el sur, Bruselas ha propuesto duplicar los fondos destinados a la industria de defensa europea y a la seguridad de fronteras. Esta partida ha sido respaldada con entusiasmo por los Estados bálticos, Polonia y Francia, mientras que algunos países mediterráneos y grupos de izquierda han advertido del riesgo de desviar recursos de prioridades sociales hacia la militarización de la UE. También ha causado divisiones la propuesta de crear nuevos recursos propios, como una tasa sobre las grandes plataformas digitales o una contribución vinculada al comercio de emisiones. Mientras los grupos progresistas y ecologistas lo consideran un paso necesario hacia la soberanía fiscal europea, los conservadores de ECR, junto a varios gobiernos del norte partidarios de la contención fiscal, han manifestado su oposición frontal, calificándolo de “impuesto europeo encubierto”.
DOS AÑOS DE NEGOCIACIONES. Con casi dos años por delante para negociar, las presidencias rotatorias del Consejo —Chipre (enero–junio 2026), Irlanda (julio–diciembre 2026), Lituania (enero–junio 2027), Grecia (julio–diciembre 2027), Italia (enero–junio 2028) y Letonia (julio–diciembre 2028)— asumirán el reto de acercar posiciones en uno de los expedientes más delicados del ciclo institucional. La experiencia de anteriores MFP demuestra que solo el compromiso político al más alto nivel desbloquea el acuerdo final, que requerirá la unanimidad de los 27 Estados miembros y la aprobación del Parlamento. Europa no solo discute un presupuesto: discute su alma. ¿Debe avanzar hacia una mayor integración y solidaridad, o mantener un marco más intergubernamental y restrictivo? La decisión sobre el MFP marcará el pulso político de la próxima década y pondrá a prueba, una vez más, la capacidad de la Unión para conciliar intereses divergentes en pos de un proyecto común.
