El sector agroalimentario europeo está en el centro de numerosos desafíos, desde las protestas por el aumento de costos y las exigencias ambientales hasta la necesidad de soluciones sostenibles y justas. En el último debate de Europa Decide, celebrado el pasado 20 de noviembre en el Parlamento Europeo en Bruselas, el director de Aquí Europa y Canal Europa, Jesús González Mateos, invitó a las eurodiputadas Cristina Maestre, del PSOE (Grupo S&D), y Ana Miranda, representante del BNG en el grupo de los Verdes/ALE, a analizar la situación actual en la que se encuentra el sector.
El punto de partida fue el informe sobre el futuro de la agricultura entregado en septiembre a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, fruto del Diálogo Estratégico que involucró a más de 29 actores del sector en un proceso de meses y alrededor de un centena de reuniones.
Este documento plantea una visión que pretende garantizar ingresos justos para los agricultores, reducir la burocracia, fomentar prácticas sostenibles y crear incentivos que reconozcan el papel crucial del sector en la protección de la naturaleza.
En un momento en que Ursula von der Leyen se comprometió a desarrollar una hoja de ruta basada en estas recomendaciones durante sus primeros 100 días de su segundo mandato, las eurodiputadas discutieron si esta la solución que el sector necesita para equilibrar sostenibilidad y rentabilidad o cómo afrontar los desafíos demográficos en las zonas rurales y garantizar una agricultura sostenible.
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🥬¿Qué retos enfrenta el sector agroalimentario ante la burocracia, el desarrollo sostenible, o la vejez en el campo?
No os perdáis nuestro debate con las eurodiputadas @crismaestre (@TheProgressives) y @anamirandapaz (@GreensEFA).
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Cristina Maestre (PSOE, S&D) valoró positivamente el documento, calificándolo como un «excelente punto de partida« para abordar los desafíos del sector agroalimentario. Reconoció que surge como respuesta a demandas históricas de agricultores y pescadores, muchas de las cuales no fueron atendidas en legislaturas anteriores.
Maestre subrayó la importancia de apoyar al sector en una transición hacia un modelo más sostenible, alineado con los objetivos del Pacto Verde Europeo y los compromisos de desarrollo sostenible. Destacó que este cambio es imprescindible debido a la presión del cambio climático, pero insistió en que debe hacerse «de la mano del sector«, promoviendo una transición justa que incluya medidas concretas y no solo intenciones.
Al abordar la necesidad de garantizar la competitividad y productividad del sector, señaló que Europa debe seguir siendo una potencia agroalimentaria capaz de producir alimentos de calidad en cantidad suficiente para afrontar desafíos globales, como la seguridad alimentaria en contextos de guerra.
Sin embargo, advirtió sobre los riesgos de que el diálogo estratégico se quede en «papel mojado« si no se dota de un presupuesto adecuado. Lamentó la falta de interlocución con los sectores en la anterior legislatura y expresó su esperanza de que este diálogo marque una nueva etapa más inclusiva.
Destacó que el éxito dependerá de los recursos económicos asignados por la Comisión Europea y del compromiso reflejado en la hoja de ruta prometida para los primeros 100 días del próximo mandato.
Ana Miranda (BNG, Verdes/ALE) aportó una perspectiva más crítica centrada en el caso gallego, subrayando cómo las políticas de distribución de tierra y ayudas agrícolas han perjudicado a territorios altamente dependientes de la ganadería y la agricultura. Señaló que en Galicia la falta de superficie agraria útil, agravada por la promoción de cultivos como el eucalipto, ha reducido las posibilidades de desarrollar una agricultura sostenible alineada con los objetivos del Pacto Verde Europeo.
Miranda criticó la mala redistribución de las ayudas agrícolas, indicando que estas no llegan de manera equitativa a los pequeños productores. Defendió la necesidad de cambiar el modelo actual, donde se paga más por la propiedad de la tierra que por la producción. Expresó su apoyo a la propuesta del diálogo estratégico de introducir una redistribución más justa, con medidas como el 10% obligatorio y una mayor degresividad, pero insistió en que la prioridad debe ser atender a los pequeños productores que realmente generan alimentos, no al gran sector del agrobusiness.
Asimismo, denunció una competencia desleal en las ayudas entre países, poniendo como ejemplo la situación de las ganaderas gallegas, que reciben menos apoyos que sus homólogas en Bélgica o Alemania debido a una estrategia de redistribución inadecuada por parte de la Comisión Europea. Señaló que este problema, combinado con la falta de apoyo al sector agroecológico por parte de administraciones como el Partido Popular en Galicia, ha llevado al cierre de más de miles explotaciones en la región desde la entrada de España en la UE.
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«Por qué una ganadera gallega tiene que cobrar menos ayudas que una de Bélgica? Porque la @ComisionEuropea permite que se siga pagando por hectáreas y no por producción», asegura la eurodiputada @anamirandapaz (@GreensEFA).
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Miranda enfatizó la importancia de alinear las políticas agrícolas con las demográficas, advirtiendo que el abandono del campo y las explotaciones tiene efectos devastadores en los territorios rurales y reclamó un compromiso efectivo para fomentar la producción sostenible, destacando el caso de las ayudas a la producción ecológica, que fueron bloqueadas a nivel autonómico pese a estar previstas por la Unión Europea. Aseguró que el BNG seguirá vigilante para que en esta legislatura se avance hacia un modelo agrícola más justo y sostenible.
Reducir la burocracia
Ambas eurodiputadas coincidieron en que la burocracia es una barrera que necesita ser urgentemente revisada, aunque Miranda puso más énfasis en cómo estas políticas han sido instrumentalizadas a nivel local, mientras Maestre destacó la necesidad de cambiar la cultura administrativa en las instituciones europeas.
Maestre describió la burocracia como un problema histórico que afecta tanto a la política agrícola como a otras áreas, como la política de cohesión. Sin embargo, señaló que la pandemia demostró que simplificar los procedimientos es posible cuando hay voluntad política. «Querer es poder,» afirmó.
Subrayó que los pequeños agricultores, especialmente los familiares, enfrentan una carga desproporcionada al tener que gestionar trámites complejos como los cuadernos digitales. Esto los distrae de su actividad principal: trabajar la tierra y cuidar sus cultivos.
Para Maestre, el enfoque debe ser implementar una política más ágil, razonable y accesible, diseñada realmente para beneficiar a quienes más lo necesitan, evitando que la burocracia sea un obstáculo. También llamó a cambiar la mentalidad dentro de las instituciones europeas para que estas adopten una postura más cercana y amigable hacia los beneficiarios.
Miranda compartió una perspectiva similar al señalar que los pequeños productores están sobrecargados por la burocracia, llegando a describir sus explotaciones como «oficinas«. Enfatizó que muchas veces pasan días gestionando ayudas del primer pilar de la PAC o atendiendo requisitos relacionados con pesticidas y barbechos, lo que genera saturación y desánimo en el sector.
Criticó también la centralización en la gestión de los fondos de desarrollo rural, argumentando que una mayor descentralización permitiría una mejor ejecución. Asimismo, denunció un uso político de la burocracia en Galicia, señalando casos donde las ayudas se anunciaron oportunamente antes de elecciones, lo que calificó como «caciquismo en las ayudas«. Además, destacó la contradicción entre las políticas verdes de Europa y su aplicación en regiones como Galicia, donde se promueven leyes que van en contra de esos objetivos.
Competencia desleal y acuerdos internacionales
Maestre destacó la empatía general hacia los agricultores europeos, que enfrentan desventajas competitivas debido a las estrictas regulaciones ambientales, sanitarias y de calidad que deben cumplir, mientras productos extranjeros no se someten a las mismas exigencias. Esto afecta la rentabilidad y competitividad del sector.
Sin embargo, enfatizó la importancia de mantener las relaciones comerciales internacionales, ya que España tiene una balanza comercial agroalimentaria muy favorable y depende de mercados globales. Rechazó la postura proteccionista de algunos sectores políticos y propuso trabajar dentro del marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC) para persuadir a terceros países a elevar sus estándares de calidad, sin renunciar a la ambición europea.
🇪🇸En España tenemos buenos productos agroalimentarios que tienen infinidad de mercados en todo el mundo.
Los acuerdos comerciales nos ayudan a vender más allá de nuestras fronteras.
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Maestre criticó la falta de controles en las fronteras europeas, señalando que solo se inspecciona una mínima fracción de los productos importados. Exigió a la Comisión Europea más recursos y efectivos en las aduanas para garantizar que las importaciones cumplan las normativas de la UE, como los límites máximos de residuos. Además, recordó que la implementación de «cláusulas espejo» para exigir reciprocidad en estándares de producción, anunciada por Ursula von der Leyen, sigue siendo una asignatura pendiente.
Miranda coincidió en que la competencia desleal será un tema central en esta legislatura, especialmente en relación con los acuerdos internacionales como Mercosur. Subrayó la necesidad de introducir cláusulas espejo y fortalecer los controles fronterizos para evitar que productos con estándares más bajos compitan deslealmente con los europeos.
Sin embargo, mostró preocupación por los impactos sociales y ambientales de estos acuerdos en los países exportadores, recordando precedentes como los tratados con Colombia y Perú. Abogó por que los acuerdos incluyan condiciones más estrictas en términos sociales y agroambientales, y criticó cómo la UE, en ocasiones, permite que las normas comerciales prevalezcan sobre los estándares éticos y ambientales.
La eurodiputada gallega elogió las batallas parlamentarias compartidas con Maestre en la Comisión de Peticiones, donde ambas han trabajado para abordar problemas agrarios, pero expresó su desacuerdo con la postura general del PSOE respecto a Mercosur, considerando que este tratado podría intensificar los problemas de competitividad y no garantiza estándares sólidos para todas las partes implicadas.
Flexibilidad en los plazos para cumplir con las normativas de cambio climático y medioambiente
Ambas coincidieron en la necesidad de adoptar un enfoque flexible y realista en las políticas medioambientales que afectan al sector agroalimentario, destacando que las regulaciones deben adaptarse a la realidad del campo y no imponer normativas demasiado estrictas o complicadas que puedan resultar inalcanzables para los agricultores.
Maestre destacó que en la legislatura anterior hubo una falta de adaptabilidad a las condiciones reales del sector, lo que llevó a que algunas medidas fueran vistas como una carga para los agricultores. Miranda, por su parte, subrayó que las políticas deben ser lo suficientemente flexibles para que los agricultores puedan cumplirlas sin que esto se convierta en una burocracia insostenible.
Además, ambas señalaron que es fundamental trabajar juntamente con el sector para garantizar que las normativas medioambientales sean cumplidas de manera efectiva y no resulten perjudiciales para los agricultores. Ambas subrayaron que, si bien las políticas medioambientales deben ser ambiciosas, también deben ser viables y adaptarse a las circunstancias y capacidades de los diferentes territorios. Esta adaptación es especialmente importante en zonas rurales o en explotaciones más pequeñas, donde los agricultores históricamente han jugado un papel en la conservación del medio ambiente.
Hubo consenso también en la necesidad que las políticas medioambientales deben ir acompañadas de medidas de apoyo, no solo para facilitar el cumplimiento de las normativas, sino también para asegurar que los agricultores puedan mantener su productividad y rentabilidad mientras trabajan hacia objetivos de sostenibilidad.
Relevo generacional en la agricultura: la clave
Cristina Maestre abordó el relevo generacional en el campo y los desafíos que enfrenta la agricultura para atraer a los jóvenes, destacdno que uno de los principales problemas es que la actividad agrícola no resulta rentable ni atractiva para los hijos de los agricultores debido a las dificultades inherentes a la actividad, como la dependencia del clima, las plagas y las fluctuaciones en los mercados. Para que los jóvenes consideren quedarse en el campo, insistií, es esencial que la agricultura sea rentable y menos sacrificada, lo que a su vez requiere el apoyo de políticas que hagan viable y sostenible el sector.
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¿Cómo mantener a la población en el campo?
«Hay que trabajar para que la agricultura sea atractiva y rentable (…) Tenemos que garantizar los mismos servicios y derechos de las zonas urbanas», dice @crismaestre (@TheProgressives).
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Además, señaló la importancia de mejorar la vida en el medio rural. Para ello, enfatizó la necesidad garantizar que los habitantes del campo tengan acceso a los mismos servicios y derechos que los que viven en áreas urbanas, como sanidad, educación, recursos de conciliación familiar y mayores facilidades para cuidar a los ancianos.
La socialdemócrata mencinó que en su región, Castilla-La Mancha, se ha legislado para evitar el cierre de escuelas rurales, incluso con pocos alumnos, y se han implementado incentivos fiscales para fomentar la repoblación rural, lo que ha dado resultados positivos. A pesar de que no hay garantías absolutas de que todos los jóvenes se queden en el campo, aseguró que estas medidas son un paso importante para mejorar las condiciones de vida en las zonas rurales y fomentar su sostenibilidad.
La nueva cartera de Océanos y Pesca de la Comisión, ¿un impulso para el sector?
La eurodiputada de BNG criticó la gestión del sector pesquero en la Unión Europea bajo el anterior comisario, destacando su falta de comprensión y sensibilidad hacia la realidad del sector. Hizo hincapié en la necesidad urgente de cambiar las reglas que rigen la distribución de las cuotas de pesca, la inclusión de la pesca artesanal y el marisqueo, y la regulación de las importaciones. Subrayó que la falta de trazabilidad en las importaciones de pescado ha sido un problema sin resolver, lo que ha perjudicado el empleo y la sostenibilidad del sector.
Además, Miranda destacó que el pilar de la sostenibilidad no debe centrarse exclusivamente en lo medioambiental, sino que debe incluir también una dimensión económica y social. Criticó la falta de sensibilidad social en las decisiones anteriores de la Comisión Europea y subrayó que, para que las políticas sean efectivas, el sector debe ser escuchado.
Por ello, invitó al nuevo comisario designado de Océanos y Pesca, Costas Kadis, a visitar Galicia, dada su importancia para la pesca en Europa, y pidió un cambio en el enfoque de la política pesquera para garantizar que se respeten las realidades económicas y sociales del sector.
Un Parlamento Europeo más inclinado hacia la derecha
Al término del debate, Cristina Mestre y Ana Miranda realizaron una evaluación crítica sobre el inicio de la legislatura y la composición política del Parlamento Europeo, destacando las dificultades y desafíos que se presentan en este contexto.
Cristina Mestre advirtió que la nueva legislatura no será fácil, destacando que el resultado de las elecciones ha favorecido a una derecha más extrema y antieuropeísta. Atribuyó un déficit de autocrítica en los partidos políticos, señalando la necesidad de comunicar mejor los beneficios y los desafíos del proyecto europeo.
Lamentó que la extrema derecha y el populismo estén ejerciendo una influencia preocupante en el Parlamento, particularmente en un momento de alta tensión geopolítica, con la guerra en Ucrania y las tensiones en Oriente Próximo.
Destacó que la presencia de estas fuerzas ha resultado en una división dentro del Parlamento que no es favorable para el proyecto europeo.
«La mayoría del Parlamento Europeo está muy escorada a la derecha. No digo que todo el Partido Popular Europeo lo sea, pero sí que está claro que en este momento parece que hse acerca a la extrema derecha”, señaló.
Ana Miranda, por su parte, expresó una gran preocupación por la presencia y el papel de las fuerzas de extrema derecha en el Parlamento Europeo, señalando que estas han sido respaldadas por el Partido Popular. Criticó su falta de apoyo a los pescadores y agricultores, así como a los trabajadores y las clases populares, y afirmó que han promovido políticas racistas y especulativas.
“La derecha no defiende los intereses de los agricultores. Yo hasta la fecha, mi experiencia en agricultura, todavía no he oído ni una mala propuesta por parte de la derecha y ante todo de la ultraderecha en Europa a favor de los agricultores.”, dijo.
Además, destacó la importancia de la libertad de prensa y la lucha contra la desinformación, como un campo de batalla crucial contra las narrativas extremas y antidemocráticas. La gallega abogó por combatir los bulos y la lucha contra la desinformación «que va a ser también otro de los caballos de batalla de esa extrema derecha”.
Ambas coincidieron en que la Unión Europea debe defender una visión más inclusiva y proeuropea, basada en los derechos humanos, la democracia y el bienestar social, para hacer frente a los desafíos presentes y garantizar un futuro más estable y equitativo para todos los ciudadanos europeos.
Como es costumbre, el director de Canal Europa y Aquí Europa, Jesús González, moderador del debate, cerró el programa citando a uno de los grandes pensadores europeos. En esta ocasión, eligió al insigne orador y político de la Roma clásica Cicerón, que dijo que “la agricultura es la profesión propia del sabio, la más adecuada al sencillo y la ocupación más digna para todo hombre libre”.
