España, único gobierno europeo que denuncia abiertamente la violación del derecho internacional por la operación de EEUU en Venezuela

La captura de Nicolás Maduro tras una operación militar de Estados Unidos en Venezuela ha provocado una reacción desigual entre los gobiernos europeos. Mientras la mayoría de capitales de la Unión Europea han optado por la cautela diplomática o el silencio estratégico, España se ha convertido en el único Estado miembro que ha denunciado abiertamente la actuación estadounidense como una violación del derecho internacional. En el extremo opuesto, Italia ha respaldado la intervención, evidenciando las profundas divisiones europeas ante un episodio que vuelve a poner a prueba la coherencia de la política exterior común. La ofensiva estadounidense en Venezuela y la detención del presidente Nicolás Maduro han abierto un nuevo frente de tensión internacional con efectos inmediatos en la Unión Europea. El uso de la fuerza por parte de Washington, al margen de un mandato explícito del Consejo de Seguridad de la ONU, ha obligado a los gobiernos europeos a posicionarse —o a evitar hacerlo— en un contexto especialmente delicado, marcado por la fragilidad del orden multilateral y la dependencia estratégica de Europa respecto a Estados Unidos. En este escenario, España ha adoptado la posición más nítida dentro de la UE. El Gobierno de Pedro Sánchez ha condenado expresamente la operación estadounidense por considerar que constituye una violación del derecho internacional y de la soberanía venezolana, subrayando que la falta de legitimidad democrática del régimen de Maduro no justifica una acción militar unilateral. La posición española insiste en la primacía de la legalidad internacional, incluso cuando el objetivo político pueda ser compartido por buena parte de la comunidad internacional. Este pronunciamiento sitúa a Madrid en una posición singular dentro de la Unión. Ningún otro Estado miembro ha empleado una formulación tan explícita contra Washington. La mayoría de gobiernos comunitarios han optado por mensajes genéricos de preocupación, llamamientos a la estabilidad regional o referencias abstractas al respeto de la Carta de Naciones Unidas, evitando una condena directa de Estados Unidos. Francia, por su parte, ha adoptado una postura intermedia. El presidente Emmanuel Macron ha recordado la necesidad de respetar el derecho internacional y los marcos multilaterales, pero sin señalar de forma directa a Estados Unidos ni cuestionar abiertamente la legitimidad de la operación. París mantiene así su tradicional equilibrio entre la defensa del orden jurídico internacional y el realismo estratégico, consciente del impacto que un enfrentamiento frontal con Washington tendría en otros dossiers clave, desde Ucrania hasta la seguridad europea. En el otro extremo del espectro se sitúa Italia. La primera ministra Giorgia Meloni ha respaldado explícitamente la acción estadounidense, enmarcándola como una respuesta necesaria frente a un régimen ilegítimo y vinculado al crimen organizado. Roma rompe así con la cautela predominante en la UE y se alinea políticamente con Washington, reforzando su perfil atlántico y su aproximación de seguridad dura en política exterior. Las instituciones europeas, mientras tanto, han evidenciado sus limitaciones. La Alta Representante ha evitado una condena directa y se ha limitado a pedir contención y respeto del derecho internacional, reflejando la dificultad estructural de articular una posición común cuando los Estados miembros mantienen visiones tan divergentes sobre el uso de la fuerza y la relación con Estados Unidos. Fuera de la Unión Europea, pero no al margen del debate, el Reino Unido ha expresado su respaldo político a Estados Unidos, insistiendo al mismo tiempo en la necesidad de estabilidad regional. Londres confirma así su alineamiento estratégico con Washington, aunque su posición ya no forma parte del complejo equilibrio interno de la UE. El episodio venezolano vuelve a poner de manifiesto una constante en la política exterior europea: la defensa retórica del multilateralismo convive con respuestas nacionales profundamente divergentes. En este contexto, España emerge como la única capital comunitaria dispuesta a asumir el coste político de una denuncia frontal de la actuación estadounidense, mientras otros gobiernos prefieren moverse en la ambigüedad o el alineamiento estratégico. Una brecha que debilita, una vez más, la credibilidad de la Unión Europea como actor global coherente.

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