España pide en Bruselas una intervención comunitaria en materia de vivienda

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, defendió en Bruselas la necesidad de una estrategia europea efectiva contra la pobreza y una intervención decidida en el sector de la vivienda a nivel comunitario. Además, reafirmó el compromiso de España con la protección de los derechos de los consumidores, destacando su liderazgo en Europa en este ámbito. Bustinduy, que participa este lunes en el Consejo de Empleo y Política Social, subrayó antes del encuentro con sus homólogos europeos la "imprescindible" necesidad de que las estrategias europeas para combatirla cuenten con "los fondos y recursos idóneos" para tener un impacto real en la vida de los casi 95 millones de europeos que viven en riesgo de exclusión social y pobreza. Afirmó que es fundamental que estas políticas no se queden solo en intenciones, sino que se traduzcan en resultados concretos que mejoren la situación de las personas más vulnerables. Destacó que, a pesar de las dificultades políticas en el continente, como el giro conservador y la dificultad para formar mayorías, España insistiría en que "es esencial no abandonar el impulso y desarrollo del Pilar Social del proyecto europeo". Este Pilar, según explicó, debe basarse en "garantizar una dimensión de protección social y bienestar para todos los europeos y europeas", con el objetivo de preservar el proyecto de paz, convivencia y justicia social que Europa representa. Para Bustinduy, es fundamental que Europa continúe luchando contra la pobreza y la exclusión social mediante un sistema de protección adecuado para los ciudadanos más vulnerables. A pesar del contexto político complejo en Europa, el ministro dejó claro que España "no renunciaría a la necesidad absoluta de continuar ampliando los pilares sociales de Europa", con el objetivo de garantizar el bienestar de todos los ciudadanos europeos. Intervención comunitaria en materia de vivienda En cuanto a la vivienda, Bustinduy insistió en que se trata de "un problema estructural a nivel comunitario" y que, en muchos países, incluido España, la vivienda se ha convertido en un "factor de riesgo de exclusión social y pobreza". Según el ministro, el "contrato social europeo" debe garantizar el derecho al acceso a la vivienda, un derecho que está "gravemente amenazado" en muchos países, incluido el nuestro. "España tiene que impulsar que las instituciones europeas asuman un papel de liderazgo en garantizar el acceso efectivo a este derecho", afirmó Bustinduy, quien destacó que, a nivel nacional, España está trabajando para "intervenir en el mercado de la vivienda". Este mercado, explicó, se ha convertido en un "aspirador de riqueza" y ha dado lugar a un modelo rentista y especulativo que "extrae riqueza y valor". En este sentido, resaltó la importancia de una "intervención decidida" para "topar los precios de los alquileres, prohibir la compra especulativa de vivienda y desmantelar modelos de negocio basados en prácticas ilegales o abusivas", como los pisos turísticos. Según el ministro, "lo primero es tener un diagnóstico claro" y asignar los recursos necesarios para la "construcción de un parque de vivienda pública" que esté a la altura de las necesidades de los ciudadanos. Esto es clave, especialmente en un momento en el que el mercado de la vivienda está desbordado y no satisface las necesidades de la población. Defensa de los derechos de los consumidores Por otro lado, Bustinduy también se refirió al reciente trabajo del Ministerio de Consumo, que concluyó un expediente sobre cinco aerolíneas low-cost, resultando en una "sanción histórica de casi 179 millones de euros" por prácticas ilegales y abusivas que vulneran los derechos de los consumidores, como el cobro por el equipaje de mano o la selección de asientos. El ministro defendió que, aunque algunas de las aerolíneas sancionadas argumentaron que la decisión del Ministerio de Consumo contraviene la normativa comunitaria, "está basada en una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, respaldada por el Parlamento Europeo y el Consejo Económico y Social Europeo". Esta decisión, según Bustinduy, tiene el aval de las instituciones europeas y subrayó que "España es pionera en esta materia". Destacó que "existe un amplio interés en varios países para seguir los pasos de España" y defender los derechos de los consumidores en toda Europa.

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