España pide a Von der Leyen que las sanciones de EEUU contra Albanese y la CPI no tengan efecto en la UE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que las sanciones impuestas por Estados Unidos contra la relatora especial de las Naciones Unidas para los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese, y contra los jueces y fiscales de la Corte Penal Internacional no tengan efecto en la UE. Según informó este miércoles Moncloa, Pedro Sánchez se ha dirigido a la presidenta de la Comisión para solicitar la activación inmediata del Estatuto de Bloqueo, una herramienta que permite dejar sin efecto normas de terceros países que afecten a los intereses de la Unión Europea. España ya está trabajando para recabar el apoyo de otros Estados miembros para formar una coalición que respalde esta iniciativa. “España no mira hacia otro lado”, publicó Sánchez en las redes sociales. “Sancionar a quienes defienden la justicia internacional es poner en riesgo todo el sistema de derechos humanos”, denunció. “La UE no puede permanecer de brazos cruzados ante esta persecución”, advirtió. “Por eso, hoy pedimos a la Comisión que active el Estatuto de Bloqueo, para proteger la independencia de la Corte Penal Internacional y de Naciones Unidas, y sus acciones para acabar con el genocidio en Gaza”, anunció. Desde febrero de 2025, Estados Unidos ha sancionado en sucesivas rondas a once jueces y fiscales de la Corte Penal Internacional, y en julio de 2025 empezó a aplicar estas medidas contra Francesca Albanese. “Para hacer frente a esta situación, España ha solicitado la activación inmediata del Estatuto de Bloqueo, el principal instrumento de la Unión Europea para neutralizar los efectos de sanciones extranjeras en territorio europeo”, indicó Moncloa. En su carta a Von der Leyen, Pedro Sánchez alerta de que las sanciones “suponen un precedente muy preocupante que compromete el funcionamiento independiente de instituciones esenciales para la justicia internacional”. Las medidas de presión autorizadas por el presidente Donald Trump incluyen la cancelación de cuentas y servicios bancarios, restricciones para viajar, y todo tipo de obstáculos para impedir que hagan su trabajo: investigar y perseguir la violación de derechos humanos. Tradicionalmente, el Reglamento (CE) nº 2271/1996, conocido como Estatuto de Bloqueo, ha servido para proteger a operadores económicos europeos contra la aplicación extraterritorial de leyes de terceros países que afecten a los intereses de la Unión Europea (actualmente se aplica sobre determinadas normas de EEUU). En el escrito dirigido a la Comisión, el Gobierno de España plantea que es el momento de que este mecanismo “supere la lógica comercial con la que fue creado” y sirva como escudo frente a medidas que pongan en riesgo el sistema multilateral basado en la Carta de Naciones Unidas y en el Derecho Internacional. Para llevarlo a cabo, la Unión Europea tendría que incluir la norma extranjera lesiva en el anexo del Reglamento. En este caso, España solicita que se incorporen varias órdenes ejecutivas estadounidenses, dictadas al amparo de la International Emergency Economic Powers Act y la National Emergencies Act, en las que se sustentan las sanciones. La carta recuerda que la Corte Penal Internacional “tiene un papel esencial en la lucha contra la impunidad y en la rendición de cuentas frente a los crímenes más atroces (genocidio, crímenes de guerra, agresión y lesa humanidad), y que los Relatores Especiales de Naciones Unidas desempeñan una función clave para investigar las denuncias de violaciones de derechos humanos”. Por ello, las sanciones no solo afectan a sus titulares, sino que “erosionan toda la arquitectura normativa que sustenta las relaciones internacionales”, advierte Sánchez. Según Moncloa, España ya está trabajando para recabar el apoyo de otros Estados miembros comprometidos con la justicia internacional y la defensa de derechos humanos para articular una coalición que respalde la solicitud ante la Comisión. Además, promoverá la inclusión de este asunto en el orden del día del Consejo Europeo del 18 y el 19 de junio de 2026, con el objetivo de que sus Conclusiones recojan un mandato político explícito a la Comisión. “Nuestro compromiso compartido con el Derecho Internacional exige una respuesta decidida y coherente”, señala Pedro Sánchez en su escrito a Von der Leyen. Según el jefe del Ejecutivo, la activación del Estatuto de Bloqueo es una oportunidad para continuar apuntalando una soberanía europea real y efectiva, más allá de la protección de los intereses económicos.

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