El tratado, ratificado ya por 15 Estados, establece normas mínimas para la tramitación rápida y justa de las solicitudes de acceso a documentos oficiales por parte de las autoridades públicas que poseen los documentos. El Convenio del Consejo de Europa sobre el acceso a los documentos oficiales, también conocido como Convenio de Tromsø, ha entrado en vigor en España este lunes 1 de enero. Ratificado por Albania, Armenia, Bosnia y Herzegovina, Estonia, Finlandia, Hungría, Islandia, Lituania, Montenegro, Noruega, República de Moldavia, Eslovenia, España, Suecia y Ucrania, Está abierto a la adhesión de cualquier Estado que no sea miembro del Consejo de Europa ni de ninguna organización internacional. Se trata de el primer instrumento jurídico internacional vinculante que reconoce un derecho general de acceso a los documentos oficiales en poder de las autoridades públicas. Tal Como explica el propio Consejo de Europa, durante años se trabajó por la cooperación internacional en el seno de la Organización para garantizar en toda Europa el derecho de acceso a los documentos oficiales, que tiene su origen en el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950. El Convenio del Consejo de Europa reconoce a toda persona el derecho a acceder a documentos oficiales sin discriminación e independientemente del estatus del solicitante o de los motivos para solicitar el acceso. En ese sentido, establece que todos los documentos oficiales son, en principio, públicos y pueden retenerse únicamente con sujeción a la protección de otros derechos e intereses legítimos enumerados específicamente en la propia Convención, a menos que exista un interés público superior en su divulgación.
