El Tribunal General establece el marco jurídico para aplicar el funcionamiento de las redes de transporte de electricidad

La metodología ROSC establece la gestión y desarrollo de la red eléctrica. Fue aprobada por autoridades reguladoras nacionales (ARN). Para la aplicación de este marco se ha utilizado, la metodología ROSC , que destaca por ser un enfoque establecido conjuntamente por los gestores de redes de transporte (GRT) y las autoridades responsables de la gestión y desarrollo de la red eléctrica en una región. Además, requiere la aprobación de las autoridades reguladoras nacionales (ARN). En caso de desacuerdo entre estas, la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) interviene para tomar una decisión. En diciembre de 2020, tras varios debates, la ACER aprobó la metodología ROSC para la región Core, que incluye a varios países europeos. Sin embargo, Polskie sieci elektroenergetyczne S.A. , el gestor de la red en Polonia, impugnó la resolución, solicitando su anulación, al no estar de acuerdo con su alcance. La Sala de Recurso de la ACER rechazó la petición polaca, por lo que la entidad presentó un recurso ante el Tribunal General. Polonia argumenta que la metodología otorga a los centros de coordinación regionales demasiado control sobre las medidas correctoras de la red, limitando su autonomía para garantizar la seguridad operativa. El Tribunal General desestimó en su totalidad este recurso y considera que ACER era competente para modificar la propuesta de los GRT que le fue sometida. Si esto no llega a ser posible la ACER no podrá desempeñar sus funciones reguladoras de forma eficaz. Por último, la metodología impugnada no impide a los GRT utilizar el modelo de despacho central ni garantizar que se respetan los límites de tensión. Por su parte y por lo que respecta a sus inversiones en los transformadores desfasadores, el Tribunal General recuerda que, si bien la coordinación regional puede conllevar ciertos costes, la aplicación del principio de solidaridad energética no significa que la política de la Unión en materia de energía no pueda en ningún caso tener incidencias negativas en los intereses particulares de un Estado miembro en este ámbito.

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