El organismo señala que el objetivo de España de renovar 231.000 viviendas residenciales al final de 2023 tuvo un retraso debido a el descenso de la demanda de obra de renovación, causado debido a la inflación y al incremento del precio de las materias primas.
En 2023, España presentó el 80% de las solicitudes de pago de subvenciones y préstamos pendientes a finales de año. El Tribunal de Cuentas de la UE considera que este retraso se debió a la inflación o a la escasez de suministro, también menciona la confusión por la actual situación medioambiental y la insuficiente capacidad administrativa.
Ante esta situación, La Comisión dio el visto bueno al informe de los auditores y lo calificó como «mayormente positivo», además de manifestar la necesidad de hacer un «buen uso» de los fondos ante de la fecha límite que se estima para 2026.
Ivana Maletić, miembro del Tribunal de Cuentas, afirma: “Los países de la UE habían utilizado menos de un tercio de los fondos previstos (…) y habían realizado menos del 30 % de los avances hacia la consecución de sus hitos y objetivos predefinidos”.
