El aumento del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2026 ya es oficial tras el acuerdo alcanzado con los sindicatos. La subida es del 3,1 % respecto al año anterior, lo que equivale a 37 euros más al mes y unos 518 euros anuales adicionales.
Con esta actualización, la cuantía queda fijada en 1.221 euros en 14 pagas, exentos de tributar. Esto mantiene a España como el séptimo país con el umbral más alto dentro de la Unión Europea, según informa RTVE.
Para comparar entre países, Eurostat utiliza salarios en 12 mensualidades y no en 14, como es habitual en España. En ese formato, la nueva retribución (17.094 euros anuales en cualquier caso) equivale a 1.424,5 euros mensuales.
Luxemburgo, Irlanda y Alemania lideran la clasificación
El salario mínimo más elevado corresponde a Luxemburgo, con 2.704 euros. Le siguen Irlanda (2.391 euros), Alemania(2.343 euros), Países Bajos (2.295 euros), Bélgica (2.112 euros) y Francia (1.823 euros).
España ocupa la séptima posición con 1.424,5 euros al mes en 12 pagas, acercándose al grupo de países que superan los 1.500 euros.
Por debajo, aunque por encima de los 1.000 euros, se sitúan Eslovenia (1.278 euros), Lituania (1.153), Polonia (1.139), Chipre (1.088), Portugal (1.073), Croacia (1.050) y Grecia (1.027).
Finalmente, Bulgaria, Letonia, Rumanía, Hungría, Estonia, Eslovaquia, República Checa y Malta registran salarios mínimos inferiores a los 1.000 euros, en un rango que va desde los 620 euros del caso búlgaro hasta los 994 del maltés.
Cinco países de la UE no establecen salario mínimo nacional: Dinamarca, Italia, Austria, Finlandia y Suecia.
El poder adquisitivo cambia el orden
Las diferencias de precios entre países hacen que estas cifras no sean plenamente comparables sin ajustes. Tras aplicar el índice de precios, Alemania pasa a tener el salario mínimo con mayor poder de compra, superando a Luxemburgo.
El cálculo de Eurostat —realizado antes de la última subida aprobada este martes— situaba además a Polonia tres puestos más arriba y dejaba a España en octava posición por una pequeña ventaja.
También se modifican otras posiciones: aunque Bulgaria figura como el salario mínimo nominal más bajo, tras ajustar por poder adquisitivo sus trabajadores quedan en mejor situación que los de Letonia y Estonia.
La comparación también reduce la distancia entre extremos: en euros, el umbral luxemburgués es 4,4 veces el búlgaro; en poder adquisitivo, la nómina más baja en Alemania es 2,4 veces la de Estonia.
El marco europeo del salario mínimo
El salario mínimo forma parte del pilar europeo de derechos sociales y constituye un elemento central del derecho laboral comunitario. Primero se abordó mediante una recomendación de la Comisión Europea y posteriormente mediante una Directiva que detalla los procedimientos para fijar las cuantías.
«El objetivo del Gobierno no es aproximar nuestro SMI al de otros países con un nivel de vida superior al nuestro, sino que cumpla con la exigencia de garantizar un nivel de vida digno para los trabajadores», explica a RTVE Noticias la profesora de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, Magdalena Llompart, de la Universitat de les Illes Balears, y advierte que empujar hacia arriba el salario para equipararlo al de Francia o Alemania, sin tener en cuenta otros factores, tendría consecuencias en la economía y, sobre todo, las pequeñas empresas.
El Gobierno y los sindicatos han insistido en que su referencia es la interpretación del Comité Europeo de Derechos Sociales de la Carta Social Europea, que establece que el SMI debe alcanzar al menos el 60 % del salario medio neto para considerarse «suficiente» y garantizar a los trabajadores y «sus familias un nivel de vida decoroso».
La directiva europea contempla parámetros similares: el 60 % de la mediana salarial o el 50 % del salario medio bruto. Sin embargo, también «reconoce expresamente la posibilidad de manejar otros valores de referencia utilizados a escala nacional, como la comparación entre el salario mínimo neto y el umbral de pobreza o el poder adquisitivo de los salarios mínimos», apunta Llompart.
Sin apoyo de la patronal
Salvo en 2020, las subidas del SMI se han pactado en los últimos años entre Gobierno y sindicatos sin respaldo empresarial. El Estatuto de los Trabajadores otorga al Ejecutivo la competencia para fijar la cuantía anual «previa consulta con las organizaciones sindicales y organizaciones empresariales más representativas», lo que implica que el diálogo es obligatorio, pero la decisión «no es vinculante».
«Su finalidad es constreñir al Gobierno a explicar a los agentes sociales la concreción de los indicadores manejados en la fijación del SMI, al objeto de que estos reciban la información pertinente y puedan emitir su opinión», desarrolla.
El incremento del 3,1 % responde a la recomendación del Comité de Expertos que asesora al Gobierno. Además de los criterios europeos, el Estatuto de los Trabajadores obliga a considerar cuatro factores: el índice de precios de consumo (IPC), la productividad media nacional, el aumento de la participación del trabajo en la renta nacional y la coyuntura económica.