El reglamento de reparto del esfuerzo de emisiones va a ser revisado

El nuevo Reglamento de reparto del esfuerzo reduce el nivel máximo permitido de emisiones de gases de efecto invernadero en los estados miembros del transporte, los edificios y la agricultura hasta 2030. De esta forma, todos los países de la UE deben reducir las emisiones para 2030 en comparación con 2005, mientras que las posibilidades de comerciar, pedir prestado y ahorrar emisiones serán limitadas. El Parlamento ha aprobado la revisión del llamado Reglamento de reparto del esfuerzo. Establece reducciones anuales vinculantes para las emisiones de gases de efecto invernadero para el transporte por carretera, la calefacción de edificios, la agricultura, las pequeñas instalaciones industriales y la gestión de residuos para cada estado miembro de la UE y actualmente regula aproximadamente el 60% de todas las emisiones de la UE.

La ley revisada aumenta el objetivo de reducción de GEI para 2030 a nivel de la UE del 30% al 40% en comparación con los niveles de 2005.

Por primera vez, todos los países de la UE deben ahora reducir las emisiones de GEI con objetivos que oscilan entre el 10 y el 50%. Los objetivos para 2030 para cada estado miembro se basan en el PIB per cápita y la rentabilidad. Los estados miembros también deberán asegurarse cada año de no exceder su asignación anual de emisiones de GEI.

La ley logra un equilibrio entre la necesidad de que los países de la UE sean flexibles para lograr sus objetivos al tiempo que garantizan una transición justa y socialmente justa, y la necesidad de cerrar las lagunas para que se cumpla el objetivo general de reducción de la UE. Por esta razón, existen límites sobre la cantidad de emisiones que los estados miembros pueden ahorrar de años anteriores, tomar prestado de años futuros y cuánto pueden intercambiar asignaciones con otros estados miembros.

Para poder exigir responsabilidades a los Estados miembros, la Comisión hará pública la información sobre las acciones nacionales en un formato de fácil acceso, tal como lo solicita el Parlamento.