El PSOE pide a Bruselas que se pronuncie sobre la compatibilidad de la “prioridad nacional” con las normas de la UE

El PSOE ha pedido a la Comisión Europea que se pronuncie sobre si es compatible la “prioridad nacional”, acordada por PP y Vox para el acceso a los servicios sociales en las comunidades autónomas de Extremadura y Aragón, con las normas de la Unión Europea. El principio de “prioridad nacional”, incluido en los acuerdos de investidura de PP y Vox en Extremadura y Aragón, contempla la posibilidad de otorgar un acceso preferente a los nacionales frente a los inmigrantes y ciudadanos europeos en ámbitos como la vivienda pública, las ayudas, prestaciones sociales o servicios públicos. Según informó la Delegación del PSOE en el Parlamento Europeo, el eurodiputado socialista y exministro de Justicia Juan Fernando López Aguilar ha registrado una pregunta parlamentaria por escrito a la Comisión Europea en las que advierte de que este principio “plantea serias dudas jurídicas respecto a su adecuación al marco normativo comunitario, especialmente en relación con el principio de no discriminación por razón de nacionalidad recogido en el artículo 18 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), así como con las disposiciones sobre ciudadanía de la Unión, recogidos en los artículos 20 y 21, y con la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE”. Concretamente, el artículo 18 del TFUE establece que, “en el ámbito de aplicación de los Tratados, y sin perjuicio de las disposiciones particulares previstas en los mismos, se prohibirá toda discriminación por razón de la nacionalidad”. Aparte, el artículo 20 del Tratado, por el que “se crea una ciudadanía de la Unión”, establece que “los ciudadanos de la Unión son titulares de los derechos y están sujetos a los deberesestablecidos en los Tratados” y, el artículo 21 advierte de que “todo ciudadano de la Unión tendrá derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros” y que corresponde al Consejo adoptar, “por unanimidad y previa consulta al Parlamento Europeo”, las “medidas sobre seguridad social o protección social”. Por otra parte, la Carta de Derechos Fundamentales de la UE prohíbe “toda discriminación, y en particular la ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual”, así como “toda discriminación por razón de nacionalidad en el ámbito de aplicación de los Tratados y sin perjuicio de sus disposiciones particulares”. Por ello, la iniciativa parlamentaria del PSOE pregunta a la Comisión “si considera compatible con el Derecho de la Unión la aplicación de un principio de prioridad nacional en el acceso a vivienda pública, ayudas, prestaciones sociales o servicios públicos” y solicita al Ejecutivo comunitario que aclare “qué medidas prevé adoptar en caso de que dicho principio llegue a aplicarse, para garantizar el pleno cumplimiento del Derecho de la Unión Europea”. En declaraciones a la prensa, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, advirtió este martes de que “es evidente que la prioridad nacional, que es un viejo tema de la extrema derecha, no tiene cabida en un Estado democrático en el cual el criterio es siempre un criterio de residencia”.

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