El Parlamento y el Consejo alcanzan un acuerdo sobre derechos de los pasajeros aéreos tras 13 años de negociaciones

Los colegisladores de la Unión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo, alcanzaron este lunes un acuerdo que mantiene el marco de compensación de entre 250 y 600 euros por interrupciones en el transporte aéreo, introduce procedimientos de reembolso más rápidos y sencillos, prohíbe determinados cargos adicionales vinculados a la gestión del billete y la emisión de tarjetas de embarque, e incorpora nuevas disposiciones en materia de asistencia a los pasajeros. El acuerdo mantiene y redefine el marco de compensación por interrupciones del transporte aéreo y actualiza normas que no se modificaban desde 2004. Con el paso del tiempo, la Comisión Europea consideró que la interpretación de estas normas quedó afectada por ambigüedades jurídicas y por la evolución de la jurisprudencia, por lo que presentó en 2013 una propuesta para revisar y actualizar el marco regulador. El ministro de Transportes, Comunicaciones y Obras Públicas de la República de Chipre, Alexis Vafeades, afirmó que, tras 13 años de negociaciones, la Unión Europea ha alcanzado un “acuerdo histórico para reforzar los derechos de los pasajeros aéreos”. El acuerdo conserva el derecho a compensación en casos de cancelación comunicada con menos de 14 días de antelación o cuando el vuelo llega con un retraso superior a tres horas. Las cuantías se mantienen en los niveles de referencia actuales, con importes de 250 euros para vuelos de hasta 1500 kilómetros, 400 euros para vuelos dentro de la Unión Europea o entre 1500 y 3500 kilómetros, y 600 euros para vuelos de mayor distancia. El texto prevé que las compañías aéreas puedan reducir la compensación en determinadas condiciones si ofrecen un transporte alternativo o si el retraso final no supera las cuatro horas en los trayectos largos. El acuerdo también introduce una definición de circunstancias en las que las aerolíneas no están obligadas a pagar compensación, incluyendo causas externas como fenómenos naturales, conflictos armados, condiciones meteorológicas adversas, comportamiento de pasajeros o huelgas de servicios aeroportuarios y de asistencia en tierra. En estos casos, la aerolínea debe justificar la decisión y demostrar las medidas adoptadas para evitar la incidencia. Derechos de los pasajeros Los colegisladores establecieron que, durante interrupciones del servicio, los pasajeros tienen derecho a suministro de comida y bebida a intervalos determinados, acceso a comunicación electrónica y llamadas telefónicas, así como alojamiento y transporte entre el aeropuerto y el lugar de alojamiento cuando sea necesario pasar la noche. En caso de que la aerolínea no proporcione esta asistencia, el pasajero puede organizarla por su cuenta y solicitar el reembolso. En casos de reclamación, el acuerdo prevé que las aerolíneas deben enviar a los pasajeros afectados instrucciones electrónicas sobre cómo solicitar compensación en un plazo de cuatro días tras la finalización del viaje. Los pasajeros disponen de nueve meses para presentar la reclamación y las aerolíneas de 30 días para pagar la compensación o justificar su rechazo. El ponente del expediente en el Parlamento, Andrey Novakov, señaló que se han logrado mejoras para las familias, las personas con movilidad reducida y para el sector de la aviación. En materia de protección de pasajeros, el acuerdo incluye el derecho de los pasajeros con discapacidad o movilidad reducida a recibir compensación y asistencia cuando pierdan un vuelo por falta de ayuda en el aeropuerto. También se establece que los menores de 14 años deben sentarse junto a la persona que los acompaña sin coste adicional, así como disposiciones similares para personas con discapacidad y mujeres embarazadas. El texto incorpora además normas sobre condiciones de transporte, como el derecho a llevar a bordo un artículo personal sin coste adicional y la obligación de mostrar el precio del billete incluyendo el equipaje de mano desde el inicio del proceso de reserva. También se prohíben cargos por corrección de errores ortográficos en los nombres o por la emisión de tarjetas de embarque impresas cuando ya se haya realizado el registro. El acuerdo deberá seguir el procedimiento institucional habitual y ser adoptado formalmente tanto por el Parlamento Europeo como por el Consejo tras una revisión jurídico-lingüística antes de su adopción definitiva.

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