El Parlamento Europeo pide ratificar el convenio de Istanbul

La Unión Europea debe ratificar el Convenio sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres, en línea con la opinión del Tribunal de Justicia de 2021, insiste el Parlamento. En una resolución aprobada con 469 votos a favor, 104 en contra y 55 abstenciones, el pleno subraya que la Convención de Estambul sigue siendo el estándar internacional y una herramienta clave para erradicar la violencia de género, incluyendo la violencia doméstica. Los eurodiputados condenan los intentos por parte de algunos Estados miembros para revocar las medidas aprobadas para aplicar el Convenio de Estambul y llaman a que se apliquen en su totalidad.

También critican el retroceso en igualdad de género, derechos de la mujer y aplicación del Convenio de Estambul. Aluden al caso concreto de Polonia, cuyo Gobierno está intentando activamente retirarse de la Convención y ha introducido una prohibición de facto del aborto. Piden que las autoridades nacionales luchen contra la desinformación sobre la Convención.

Seis años después de que la UE firmara el Convenio, todavía no lo ha ratificado debido a la negativa de algunos Estados miembros. Sin embargo, el dictamen del Tribunal de Justicia de la UE de 6 de octubre de 2021 aclaró que la Unión Europea puede ratificar el Convenio de Estambul sin contar con el acuerdo de todos los Estados miembros. Según los eurodiputados, la adhesión de la UE al Convenio de Estambul no exime a los Estados miembros de ratificarlo ellos mismos. La resolución insta a los seis países que aún no lo han hecho -Bulgaria, Chequia, Hungría, Letonia, Lituania y Eslovaquia- a ratificar el Convenio sin demora.

Según el Parlamento, la justicia penal debería ser solo una parte de una respuesta global a la violencia de género. La respuesta también debe hacer énfasis en la prevención, la protección y el enjuiciamiento. Los Estados miembros deben garantizar formación, procedimientos y directrices que tengan en cuenta las cuestiones de género, así como medidas especializadas de apoyo y protección con un enfoque centrado en las víctimas para todos los profesionales implicados, incluidas las fuerzas del orden, los jueces y fiscales.