El nuevo Plan de Regeneración Democrática limita la publicidad institucional e impone un “registro de medios”

El Consejo de Ministros aprobó hoy el Plan de Regeneración Democrática del presidente Pedro Sánchez, que apuesta por modificar la ley de publicidad institucional, impone un “registro de medios” a cargo de “un organismo independiente” e incorpora medidas para garantizar la transparencia en la financiación de los medios de comunicación con recursos públicos, todo ello con el objetivo de frenar la “máquina del fango” tantas veces denunciadas por el jefe del Ejecutivo. “Este plan de acción busca restaurar la confianza en la democracia, hacerla más fuerte, más limpia, más libre”, declaró el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Una vez aprobada la “hoja de ruta de 31 medidas”, comienza el proceso de implementación en los “tres años que tenemos por delante de legislatura” para su posterior aprobación en las Cortes Generales, añadió el ministro, quien advirtió de que este tema “no es solo nacional, sino un debate europeo”. Los principales objetivos del plan, aseguró Bolaños, son “reforzar la limpieza de nuestra democracia y dotar de mayor transparencia al ecosistema de los medios de comunicación para que se garantice una información veraz”. “Defender la democracia hoy es entender la crítica al funcionamiento de nuestros sistemas políticos y reformar todo aquello que tenga que ser reformado”, afirmó en la misma rueda de prensa el ministro de Cultura, Ernest Urtasun. La aprobación del plan es un “primer paso” y corresponde ahora a los grupos parlamentarios “concretar medidas que a partir de hoy ponemos al servicio de las Cortes Generales para abrirlo a la aportación y al debate”, añadió. El plan, cuyas líneas principales fueron adelantadas por el propio Sánchez ante el Congreso de los Diputados el pasado 17 de julio, responde a las exigencias hechas por Sumar durante las negociaciones para la investidura y se ajusta al reglamento europeo sobre la libertad de los medios de comunicación. El texto adopta una serie de medidas para proteger la independencia editorial y los derechos de los profesionales de los medios para evitar las presiones políticas y empresariales. Concretamente, el Plan incluye un paquete de reformas para garantizar la transparencia de los medios de comunicación o la protección de la libertad de expresión mediante “la introducción de límites a la financiación que las administraciones públicas pueden dedicar a los medios de comunicación, para que no haya medios impulsados por o dependientes de administraciones públicas”. Asimismo, el Plan prevé una revisión del marco regulatorio para garantizar el pluralismo evitando la concentración de los medios de comunicación y la puesta en marcha de una Estrategia Nacional de lucha contra las campañas de desinformación. REGISTRO DE MEDIOS Otra medida prevista por el Plan es la creación de un registro de medios a manos de "un organismo independiente del Ejecutivo”, según Urtasun. Ese organismo será Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), para lo cual el texto prevé una reforma de sus competencias a fin de que pueda asumir esta función (y que incluye la capacidad de este organismo para regular y sancionar). El registro incluirá toda la “información pública sobre su propiedad y la inversión publicitaria que reciben” los medios de comunicación y ayudará, según el ministro de Cultura, a “establecer los criterios de qué es un medio a diferencia de otras plataformas cuya finalidad no es informar”, los llamados “pseudomedios” reiteradamente denunciados por Pedro Sánchez. También en el ámbito de los medios de comunicación, el texto plantea mecanismos para reforzar la rectificación de “noticias falsas o abiertamente tendenciosas”, como la reforma de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, y de la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación. REFORMA DEL CÓDIGO PENAL Y “LEY MORDAZA” El documento incluye la necesidad de “abordar una reforma integral de los artículos del Código Penal que pueden afectar al derecho de libertad de expresión y a la creación artística, entre otros casos cuando se refiera a las instituciones del Estado, se trate de delitos contra los sentimientos religiosos o de escarnio público u otros supuestos”. El objetivo es darles “una redacción homologable a los países de nuestro entorno” y atender a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en materia de difamaciones y su encaje legal”. “En el desarrollo que haremos de la ley llegaremos a la regulación específica”, declaró Bolaños, sin precisar si se prevé la despenalización de los delitos de injurias a la Corona. El capítulo de “Establecimiento de mayores garantías de la independencia de los medios de comunicación” incluye también la reforma de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana la llamada “Ley Mordaza”) en lo referente a “la calificación de la sanción por el uso de imágenes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”. TRANSPARENCIA POLÍTICA Y LEY DE SECRETOS OFICIALES El Plan incluye también medidas para garantizar la transparencia de los cargos electos y de los partidos políticos, como la reforma del Reglamento del Congreso y del Reglamento del Senado para “reforzar las sanciones por la no presentación de declaración de bienes por parte de sus miembros o la presentación de información falsa o incompleta” y para “reforzar el régimen sancionador aplicable a los partidos políticos que presenten sus cuentas de manera inadecuada”. El Plan establece también la obligación de celebrar anualmente el Debate sobre el Estado de la Nación en el Congreso de los Diputados (solo se ha celebrado un debate desde 2018, concretamente en 2022) y, en el marco de los procesos electorales, la obligación “de celebrar debates electorales entre candidatos y candidatas, así como para establecer una obligación de publicación de todos los microdatos de las encuestas electorales. Otro punto destaco del Plan, reiteradamente reclamado por la izquierda parlamentaria y de algunas fuerzas nacionalistas como el PNV, es la ley de secretos oficiales en favor de “una mayor homologación de nuestra legislación, combinando la seguridad nacional con el derecho a la información y la transparencia”. CRÍTICAS DEL PP En un comunicado, el Partido Popular expresó hoy su rechazo a cualquier medida para “controlar a los medios de comunicación” y afirmó que “resulta llamativo que Sánchez impulse su propuesta precisamente tras la investigación judicial contra su esposa, imputada por corrupción y tráfico de influencias, y cuando los casos de corrupción salpican directamente a parte de su Gobierno y su partido”. Según el PP, Pedro Sánchez “ya controla con dirigentes de obediencia debida la Agencia EFE y RTVE, además de buena parte de las instituciones del Estado”, y su intento de “ampliar el control a los medios de comunicación privados es preocupante y se asemeja más a lo que hacen países a los que este Gobierno tiene alergia de calificar como dictaduras”, en referencia a Venezuela.

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